DEVOLUCIONES EN CALIENTE: ESPAÑA TAMBIÉN TIENE ‘CORRUPCIÓN LEGAL’

La intención del Gobierno de legalizar las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes -echarles inmediatamente por donde han venido- atenta contra la legislación europea, la Constitución española, las leyes internacionales y la Convención de Ginebra de Naciones Unidas. "Es una violación de leyes básicas internacionales de derechos humanos; y añadiría que también es una violación de la decencia humana elemental", señala el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau.

La ‘devolución en caliente’ de los que han logrado saltar la valla o la verja -repugnante muestra de osadía y de vanidad que ponen en práctica los países para no contaminarse unos seres con otros- es lo que ocurre cotidianamente en la valla de Melilla y de Ceuta en España. Allí las Fuerzas de Seguridad del Estado devuelven a los inmigrantes a Marruecos.

¡No se puede hacer eso! Va en contra de 12 leyes nacionales e internacionales o universales.

Pero… como ustedes saben, a España todo eso le da igual. Estamos en el país de la permisividad, de la indolencia, de la petulancia y no parece que nadie quiera modificar pautas y conductas. A pesar de que supongan una flagrante violación de los Derechos Humanos (DDHH) se siguen haciendo las ‘devoluciones en caliente’.

Nuestro ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que “en España nadie nunca ha practicado la devolución en caliente, eso no existe; lo que se hace es ‘rechazo en frontera’, así se debe denominar”. Ha explicado que la enmienda presentada por el Gobierno a la Ley de Extranjería no es una ley para legalizar las devoluciones de inmigrantes 'en caliente'. "La devolución en caliente es una cosa ilegal, pero para que se pueda devolver tiene que haber entrado. Por lo tanto estamos hablando de personas que, intentando entrar ilegalmente, se evita que consuman esta acción ilegal. Esto no estaba explicitado en la Ley de forma explícita y lo que hacemos ahora es incluir una disposición adicional para que la Guardia Civil proteja nuestras fronteras con plena cobertura jurídica. Por tanto, le damos cobertura jurídica al concepto de rechazo en frontera, que es lo que viene aplicando la Guardia Civil por mandato legal desde 2015"…

Desde aquí vaya nuestra sensación de desagrado, de desolación ante estas prácticas tan ilegales. Las pocas normas que podemos tener en el momento actual que nos pueden hacer sentirnos ciudadanos de esta planeta con ciertas garantías humanas nos las quitan de un plumazo. En este caso España: se salta 12 leyes.

Siempre ha estado en pañales el Derecho Internacional, pero ahora más que nunca lo necesitamos, para que se haga cumplir mínimamente, al menos en estos flagrantes casos de ‘corrupción legal’ –así habría que llamarlo-.