EDITORIAL COVID: Residencias mortales: murieron abandonados…. Mientras el gobierno aprueba hoy las mascarillas y mañana las quita: “Santa Rita, Rita..”
Recordaran que Amnistía Internacional dijo que se habían archivado demasiado precipitadamente las muertes en residencias -sin haber sido investigadas- y el gobierno dijo que no, que el poder judicial hizo lo que tenía que hacer. Pues nuestro editorial dice Todo se hizo mal en la residencia de Tremp donde murieron 64 an
Recordaran que Amnistía Internacional dijo que se habían archivado demasiado precipitadamente las muertes en residencias -sin haber sido investigadas- y el gobierno dijo que no, que el poder judicial hizo lo que tenía que hacer. Pues nuestro editorial dice
Todo se hizo mal en la residencia de Tremp donde murieron 64 ancianos en un mes
La investigación de la Fiscalía revela -el otro día decía que no, que se archivaba- el descontrol que allanó el camino al virus: ancianos sanos mezclados con enfermos desatendidos, y muertos a los que se tomaba la temperatura
JLP ¡ojo! … muertos a los que se les tomaba la temperatura, claro, no tendrían fiebre.
Casi la mitad de los ancianos del geriátrico de Tremp (Lleida) fallecieron a causa de la covid-19 en apenas un mes, entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020. La muerte de 64 de los 142 residentes fue provocada por el virus, pero también por la más absoluta negligencia de la dirección del centro, que ni estaba preparado para afrontar un brote —se había saltado los planes de contingencia aprobados por la Generalitat— ni reaccionó de forma adecuada cuando el virus traspasó sus paredes.
La Fiscalía ha archivado la mayoría de las denuncias de familiares por muertes en residencias al constatar que, ante el drama desatado por la pandemia y la falta de medios, hicieron lo que pudieron. Pero el caso de Tremp es tan flagrante que el ministerio público ha llevado ante el juez a dos personas —la directora y la responsable higiénico-sanitaria— tras un año de investigación que revela cómo, durante un mes, el centro fue un escenario del horror. Los ancianos sanos eran “obligados a permanecer” con los enfermos mientras recibían un trato inadecuado: llegaron a pasar “hambre, frío y sed”, y murieron solos mientras afuera sus familiares pensaban que se encontraban bien.
La primera ola del coronavirus, que coincidió con el estado de alarma decretado por el Gobierno (de marzo a junio de 2020) fue una tragedia para residencias de toda España. Pero, por alguna razón, pasó de largo por la de Tremp, donde hubo una “incidencia nula”. Tras ese primer tsunami, las administraciones empezaron a reaccionar. La Generalitat diseñó planes de contingencia. En agosto, la directora de la residencia leridana se reunió con un responsable del Departamento de Salud. Pero incumplió todas las directrices del plan: no informó a la plantilla, no repartió el trabajo ni creó una bolsa de sustitutos, no diseñó la sectorización en tres zonas (roja, naranja y verde) ni fijó circuitos para la comida, la ropa y los residuos. Tampoco formó al personal sobre el uso de los equipos de protección individual (los EPI) ni informaba a diario sobre la situación en el centro al Departamento de Asuntos Sociales, contra lo que se le había pedido.
JLP es decir esta señora no hizo absolutamente nada. Lo hizo todo mal
JC: porque se puede decir que al principio no se sabía nada, pero una vez que se habían planificado unas medidas… que no haga ninguna… ya no es impotencia, es otra cosa.
Cuando, el 19 de noviembre, un trabajador dio positivo por coronavirus, la residencia de Tremp estaba totalmente expuesta. La directora y la responsable higiénico-sanitaria (las dos denunciadas) dieron positivo, lo mismo que un número creciente de empleados y residentes. Lo que siguió fue el caos más absoluto: la dejación de funciones de la dirección, con una total “falta de previsión, control y supervisión”, fue clave en la rápida transmisión del virus, lo que “unido a la descoordinación sanitaria y falta de respuesta inmediata produjo el fatal desenlace”, según la denuncia presentada por la Fiscalía. Ese desenlace fue que, en un mes, el 42,95% de los residentes perdieron la vida.
JC de cada dos, uno, casi.
La pesadilla la vivió en primera persona un técnico de Salud que, tras declararse el brote, acudió al centro. Primero, a dar instrucciones. Y después, el día 23 de noviembre, a constatar que no se había cumplido ninguna de ellas. La plantilla no solo no había sectorizado la residencia sino que, como no disponía de un control actualizado de la lista de residentes ni de su ubicación, permitió que muchos de ellos “compartieran espacios comunes como el jardín o la biblioteca”, lo que incrementó el riesgo de contagio. La comida, la ropa y los residuos seguían circulando fuera de circuitos reglamentados. Y había una “mala praxis” en el manejo de los EPI: nadie había formado a los trabajadores, que aún llevaban “sus propias mascarillas de tela o quirúrgicas”.
El 28 de noviembre, el departamento de Salud intervino la residencia de Tremp. Como no recibía “información fidedigna” a través de los canales establecidos, la Generalitat no pudo hacer “una adecuada valoración de la gravedad de la crisis epidemiológica” ni anticiparse, según la Fiscalía. Dos días después, Asuntos Sociales abrió un expediente sancionador. Cuando la Generalitat hizo públicas algunas de las deficiencias halladas, en diciembre de 2020, la Fiscalía emprendió una investigación que se ha prolongado durante un año, y que ha culminado con una denuncia que ahora está en manos de los juzgados de Tremp.
La Fiscalía acusa a las dos responsables de homicidio por imprudencia grave, y también de trato degradante. “Era tal la descoordinación”, dice el ministerio público, que constan registros de toma de temperatura a personas que ya habían fallecido. Es el caso de A.M.F., que murió un día 28 y, según la documentación, recibió tratamiento en los tres días posteriores. O de R.G.P., que pese a haber muerto el 3 de diciembre recibió medicación al día siguiente. Un desfase que “pone de manifiesto que no hubo una asistencia sanitaria real”.
Los ancianos no recibieron atención médica adecuada porque no se activó “ningún mecanismo de coordinación con los centros médicos”. La residencia no se desinfectó hasta el día 29 (una vez que ya había sido intervenida) y uno de los días no se ofreció cena a los residentes hasta pasada la medianoche; muchos de ellos “pasaron frío y sed”. Había “familiares con ciertos privilegios” que podían hacer visitas, mientras que a otros se les vetaba el acceso. Esos familiares, además, pasaron “días sin tener noticia” de sus seres queridos. A algunos de ellos se les informó de que sus padres o madres estaban en buen estado de salud cuando la realidad era que “ya habían fallecido”. Otros supieron de la muerte de sus seres queridos por la funeraria, por conocidos de Tremp o por voluntarios. Y a otro grupo de familiares no les quedó más remedio que entrar a la residencia y buscar a sus parientes “en las habitaciones”, donde en muchos casos “los encontraron muertos”.
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-02-04/todo-se-hizo-mal-en-la-residencia-de-tremp-donde-murieron-varios-ancianos-en-un-mes.html
JLP ¡qué fuerte! Que finalmente entres en la residencia buscando a tu padre o a tu madre habitación por habitación y finalmente te lo encuentres muerto.
JC: Yo no creo que sea imprudencia temeraria, es homicidio con todos los avíos.
JLP llama la atención que se pueda llegar hasta esos extremos. Responsabilidad directísima de esas mujeres, pero también la Generalitat…. Tardó. ¿eh?
JC y no es por entrar en temas dolorosos. Pero no se pedió a la UNEM, porque eran militares de España y eran los que estaban desinfectando todas las residencias. Pero no solamente eso, es que cuando ya intervienen la residencia ya hay que ponerle remedio. Porque otro agravante es el abandono, cuando dejas sin asistencia a alguien. Y aquí han dejado sin asistencia a todos.
JLP encima tenían a algunos familiares privilegiados que podían pasar.
JLP Y este centro se ha investigado a fondo, por ser tan flagrante. Amnistía Internacional nos ha denunciado. ¿Y el resto de las residencias?
JC es que eso es lo que pasa, hay que investigar a todos. Y decidir si ha pasado algo o no. pero no solo para buscar culpables, sino para aprender y poder planificar que no vuelva a ocurrir.
JLP ¡Qué casualidad! ¿Con qué criterio vamos a confiar ahora que la mayoría de los casos denunciados por los familiares, se han investigado realmente? El ultimo trozo de García Bueno del Pais: Y a otro grupo de familiares no les quedó más remedio que entrar a la residencia y buscar a sus parientes “en las habitaciones”, donde en muchos casos “los encontraron muertos”.
JLP si es privada es un contrato, que han incumplido. Y si no es privada, peor me lo pones, porque supone una perdida de tutela de esa institución de unos ciudadanos que se les había confiado para darles una calidad de vida. Y no solamente les han dado mala calidad de vida, sino que han sufrido unas situaciones terribles. Precisamente han sido los más débiles.
JLP Y vuelvo a insistir: la Fiscalía ha archivado la mayoría de las denuncias de familiares por muertes en las residencias. Por favor les pedimos que se reabran
JLP y en el mismo, aunque de otro nivel de irresponsabilidad completa:
Sanidad anuncia el fin de las mascarillas en exteriores una semana después de que el Congreso prorrogara su obligatoriedad.
JLP y lo que habían hecho era prorrogarlo de forma indefinida, no tenía fecha de caducidad. Pues en una semana… lo contrario
La decisión se tomará justo una semana después de que el Congreso convalidase con polémica el decreto para la prórroga de la obligatoriedad.
JLP se hace toda una reunión del Congreso de un país para tomar una decisión y ¿a la semana se deroga?
JC no solamente eso, es que hicieron una trampa de votar otras cosas, para que los diputados fueran y ahora lo quitan una semana después.
“Como ya venía advirtiendo la ministra de Sanidad estos días pasados, el fin de las mascarillas en exteriores ha llegado. Según ha anunciado la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en la Cadena Ser, el próximo lunes la propuesta de la retirada de las mascarillas en exteriores se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud y el martes irá al Consejo de Ministros, tan sólo una semana después que fuera aprobada el decreto para la prórroga de la obligatoriedad en exteriores en el Congreso.
Según ha confirmado Darias, la previsión es que el Consejo de Ministros elimine la obligatoriedad el martes, el miércoles se publique en el BOE y la norma entre en vigor el jueves.
Este jueves, la ministra abría la puerta al fin de las mascarillas en exteriores asegurando que España está saliendo de la sexta ola más rápido que otros países y que "mascarilla ha cumplido el papel que teníamos claro que tenía que cumplir".
La obligatoriedad de la mascarilla en exteriores llegó el pasado 22 de diciembre, a las puertas de la Navidad y cuando todavía no se había producido el estallido de la variante ómicron en España. Hasta entonces, la mascarilla sólo había que llevarla al aire libre cuando no se podía mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y cuando hubiera grandes aglomeraciones.
Este martes, en una polémica votación ante el rechazo de muchos presidentes autonómicos de continuar con la obligatoriedad, el Congreso aprobaba prorrogar esta obligatoriedad. Las críticas entonces, tanto de partidos políticos, presidentes y expertos, acecharon entonces al Gobierno, que en pocos días empezó a cambiar el discurso sobre la obligación de usar la mascarilla en exteriores.
Ante esto, Darias razonó que "la convalidación es una previsión constitucional. En diciembre cuando el presidente del Gobierno convocó la Conferencia de Presidentes se adoptaron varios acuerdos y uno de ellos era la vuelta de las mascarillas al exterior por el crecimiento exponencial por la variante ómicron, porque no sabíamos cual iba a ser su impacto. Pero siempre dijimos que era una medida de prudencia que estaría en vigor el tiempo estrictamente necesario, hasta que los indicadores sanitarios aconsejaran una medida distinta y esto es lo que está pasando ahora".
JLP se está luciendo el Congreso, además con el pucherazo que han dado con la reforma laboral… pucherazo que no se quiere revisar. Porque el presidente del PP ha pedido que se revise. Mucha corrupción… esa es la palabra..

La primera ola del coronavirus, que coincidió con el estado de alarma decretado por el Gobierno (de marzo a junio de 2020) fue una tragedia para residencias de toda España. Pero, por alguna razón, pasó de largo por la de Tremp, donde hubo una “incidencia nula”. Tras ese primer tsunami, las administraciones empezaron a reaccionar. La Generalitat diseñó planes de contingencia. En agosto, la directora de la residencia leridana se reunió con un responsable del Departamento de Salud. Pero incumplió todas las directrices del plan: no informó a la plantilla, no repartió el trabajo ni creó una bolsa de sustitutos, no diseñó la sectorización en tres zonas (roja, naranja y verde) ni fijó circuitos para la comida, la ropa y los residuos. Tampoco formó al personal sobre el uso de los equipos de protección individual (los EPI) ni informaba a diario sobre la situación en el centro al Departamento de Asuntos Sociales, contra lo que se le había pedido.
La pesadilla la vivió en primera persona un técnico de Salud que, tras declararse el brote, acudió al centro. Primero, a dar instrucciones. Y después, el día 23 de noviembre, a constatar que no se había cumplido ninguna de ellas. La plantilla no solo no había sectorizado la residencia sino que, como no disponía de un control actualizado de la lista de residentes ni de su ubicación, permitió que muchos de ellos “compartieran espacios comunes como el jardín o la biblioteca”, lo que incrementó el riesgo de contagio. La comida, la ropa y los residuos seguían circulando fuera de circuitos reglamentados. Y había una “mala praxis” en el manejo de los EPI: nadie había formado a los trabajadores, que aún llevaban “sus propias mascarillas de tela o quirúrgicas”.
La decisión se tomará justo una semana después de que el Congreso convalidase con polémica el decreto para la prórroga de la obligatoriedad.
Ante esto, Darias razonó que "la convalidación es una previsión constitucional. En diciembre cuando el presidente del Gobierno convocó la Conferencia de Presidentes se adoptaron varios acuerdos y uno de ellos era la vuelta de las mascarillas al exterior por el crecimiento exponencial por la variante ómicron, porque no sabíamos cual iba a ser su impacto. Pero siempre dijimos que era una medida de prudencia que estaría en vigor el tiempo estrictamente necesario, hasta que los indicadores sanitarios aconsejaran una medida distinta y esto es lo que está pasando ahora".