EDITORIAL: LA BICOCA DE SER ASESOR POLÍTICO EN LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES ESPAÑOLAS

Nuestro Editorial hoy habla del Estado… no el “de Bienestar” sino de las Comunidades Autónomas y demás administraciones que forman el Estado Español.

No se lo van a creer porque es difícil de creer, pero miren ustedes: el Estado, en lo que se refiere a las administraciones autonómicas, municipales y las diputaciones (es decir, todas las que nos son administración central) gastan al año, para pagar a unos 20.000 asesores (que son elegidos a dedo, es decir, que no son funcionarios, y que cobran de media 50.000 euros brutos anuales) unos 1.000 millones de euros. Ejemplos:

• Una asesora de la concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) tiene un sueldo de 50.790 euros brutos al año en el Ayuntamiento de Barcelona (¡manda carallo!, que diría…).
• Un asesor gráfico tiene un coste de 54.098 euros para el Gobierno de Aragón.
• Dos asesores, tienen a razón de 37.753 euros al año cada uno, en la secretaría general de la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura (¡ole, jaleo, jaleo!).
• A un asesor técnico de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana el Ayuntamiento de Madrid paga 61.502 euros al año.
• Un asesor político, sin más especificaciones, en el Consistorio de Ourense (Galicia) se embolsa 32.124 euros.
• A un asesor de comunicación a la Presidencia del Gobierno de Cantabria se destinan 59.652 euros del presupuesto anual.

Las cifras que se manejan son estimaciones, puesto que a pesar de estar obligados a publicar esta información en sus respectivos portales de transparencia, las administraciones periféricas evitan su difusión u ocultan los asesores bajo cargos que son difícilmente identificables...

Así consta la nota de prensa. ¡Increíble! ¡Unos 1000 millones de euros anuales del erario público para pagar a asesores elegidos “a dedo” en una democracia parlamentaria!

Todos los datos provienen de un informe con los cálculos realizados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

En cambio, en la administración central las cosas son distintas (dado que tiene limitado por ley el número de asesores, y sí existen estimaciones más o menos fidedignas). Los diferentes ministerios y Presidencia cuentan con poco más de un centenar de asesores, en cambio cuentan con los “puestos de libre designación” (de mayor remuneración). Partiendo de la referencia de que el presidente del Gobierno cobró 80.992 euros en 2015, hay muchos que se acercan a esa cifra:

• Un asesor en materia de comunicación y otro asesor parlamentario, tienen un sueldo cada uno de 86.816 euros en el gabinete del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto.
• El asesor de la Oficina Económica de Presidencia cobra 79.039 euros.
• El asesor parlamentario del gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda llega a los 76.498 euros.
• Y el asesor en materia competencia del secretario de Estado de Medio Ambiente gana 74.580 euros.

Como comprenderán ustedes, esto no sabemos si es de bochorno o no… (Algún comentario nos hará Juan Carlos Afán al respecto), pero nuestro Estado (central y periférico) es un Estado ruinoso. Muchos países no se explican cómo podemos subsistir con estos gastos. Gastos que corresponden a puestos y designaciones de palabrería, y que son elegidos por amiguismo puro y duro, y que no hay manera de que sindicatos y la estructura del propio Estado modifiquen esta situación. (Todo esto sin contar, por supuesto, con los gastos de los funcionarios públicos, que obtienen su plaza por méritos propios).

Estos consejeros o asesores duran lo que duren los “dedos” que los hayan asignado. No se sabe quiénes son; no hay una lista que los identifique; no hay ninguna justificación sino pagarles; y, por supuesto, los impuestos son los responsables de poder mantener estos codiciados puestos (que querría cualquier español puesto que son gananciales, gratis, y… no sabemos si dichas personas cotizan por dichos sueldos. Desconocemos si los datos son secretos o si las distintas administraciones hacen que los que reciben dichos sueldos tengan después que declararlos. Juan Carlos nos informará al respecto).

Lo cierto es que este “oscurantismo adventista” de los asesores de la Administración hace que quizás podamos decir, sin temor a equivocarnos, que España es uno de los países en los que más asesores hay.

En Presidencia por ejemplo, el señor Rajoy tenía en la anterior legislatura más asesores que George Walker “Amadeus” Bush. Desconocemos la cifra exacta que tenía Obama, pero creemos que también tenía menos asesores que Rajoy.

Estamos en un circuito cutre –no tiene otra denominación. ¿Es que no hay suficientes funcionarios públicos para que éstos tengan un plus si acaso –o no- para asesorar a la Administración del Estado? ¿No suficiente capacitación en las personas que para ello han opositado a la Administración, de cara a orientar adecuadamente una función o realización determinada?

Pues parece ser que no. una cosa son los funcionarios, y otra cosa son los consejeros. Los primeros se han tenido que ganar la plaza y, encima, tienen mala fama porque no funcionan. Y entre otras cosas no funcionarán porque no se deposita en ellos el suficiente respaldo de ánimo, de responsabilidad y de creencia en sus funciones. ¡Entre otras cosas! En cambio, otros llegan por el “dedo mágico” del amiguismo y obtienen este premio.

Increíble, pero cierto. No hay protestas; a todos parece parecerles bien; y todos parecen necesitarse tanto, que la conclusión que sacamos es que con este número de asesores, España debería estar en una posición de Edén perfecto, permanente y perpetuo.