EL EDITORIAL: El Estado Español ha sido incapaz de cuidar a sus ciudadanos en la pandemia… lo dice HRW… ¿le interesa eso al Estado de la Nación?

Y nos vamos con nuestro editorial

Human Rights Watch denuncia la "inhabilidad" del Gobierno para poner fin a las "colas del hambre"

Detalla en un informe el impacto "negativo" en la economía de sus políticas durante la pandemia y afirma que "incumple sus obligaciones de proteger los derechos de las personas a la alimentación"

Esto es serio ¿no?

La inseguridad alimentaria y la pobreza se han convertido en problemas persistentes en España por las consecuencias de la crisis de la pandemia del Covid-19 y por el impacto económico que ha supuesto. El Gobierno español amplió los programas de ayuda y puso en marcha medidas como el escudo social y el aumento del IMV (Ingreso Mínimo Vital). Sin embargo, el último informe de la organización de Humans Rights Watch recoge que las "buenas intenciones del Gobierno" acabaron en medidas insuficientes por "las debilidades y las fallas existentes en el sistema de seguridad social".

La organización señala en el informe No podemos vivir así: la inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza provocada por la pandemia que todavía hay muchas personas que dependen de ayuda alimentaria no gubernamental y tienen que acudir a las "colas del hambre", y afirma que el Ejecutivo "está incumpliendo sus obligaciones de proteger y cumplir los derechos de las personas a la alimentación y a un nivel de vida adecuado".

España ya pasó por una época muy dura a nivel social con la crisis económica de 2008, pero la aparición del coronavirus provocó que muchas personas que ya vivían en riesgo de pobreza quedaran aún "más expuestas a una pérdida total de ingresos y a la falta de acceso a una alimentación adecuada", señala el estudio.

A pesar de los ERTE y de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital -una subvención que permite a los solicitantes recibir entre 451 y 1.015 euros al mes en función del tamaño del hogar-, la plataforma señala que acceder a la ayuda es "extremadamente difícil debido a los estrictos criterios de elegibilidad y de documentación" y que algunos grupos se han visto afectados "de manera desproporcionada por el impacto de la pandemia y la respuesta estatal inadecuada".

Por otra parte, se recoge que durante la epidemia no se protegieron los derechos de las personas a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, según las conclusiones a las que llega Human Rights Watch tras haber realizado entrevistas a los organizadores de bancos de alimentos de Madrid y Barcelona, autonomías en las que se ha centrado principalmente el estudio.

El informe concluye respecto a este punto que "se hizo una cobertura desigual según la región y el tipo de beneficio" y que, en la primera ola de cierres de oficinas, "se puso al descubierto la fragilidad de la arquitectura del sistema de seguridad social y su incapacidad para hacer frente a los atrasos y la demanda del IMV".

Entre una larga lista de recomendaciones, la organización expone que el Gobierno debería tomar medidas concretas para "consagrar en la legislación el derecho a la alimentación, los derechos del niño, los derechos de las personas mayores y el derecho a un nivel de vida adecuado".

JLP de esto no hablo para nada el señor Presidente, ni hoy tampoco que ha sido el tercer día del Estado de la Nación

También piden eliminar las barreras burocráticas para acceder al Ingreso Mínimo Vital, además de hacerlo más inclusivo en periodos de crisis o de emergencia declarada y de investigar la alta tasa de rechazo de solicitudes de apoyo a esta prestación, ya que, a pesar de los esfuerzos, los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social reflejan que el IMV no llega a la mitad de los hogares que inicialmente se proyectaron.

Dado que el informe se ha centrado principalmente en las comunidades de Madrid y Cataluña, Human Rights Watch cree que estas autonomías deberían coordinar mejor con el Gobierno la garantía de que se aborden los retrasos para acceder al apoyo esencial de la seguridad social o aumentar la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad para acceder a los sistemas de solicitud digitalizados, entre otros.

Human Rights Watch denuncia que las políticas tomadas por el Gobierno tuvieron un impacto "negativo y significativo" en la actividad económica, porque empujaron a un nuevo grupo de personas a la pobreza y provocaron "un aumento de la inseguridad alimentaria". Y que, a pesar de que se tomaron medidas, estas también contribuyeron a exacerbar la pobreza, incluidas las de las personas mayores que reciben pensiones, de manera que el resultado fue un "deterioro en el disfrute de los derechos económicos y sociales de las personas".

Exponen que el cierre económico casi total que provocó el confinamiento, dejó sin ingresos a muchas personas que trabajaban en sectores claves de la economía española, como el turismo, la hostelería o el entretenimiento, de manera que hubo familias que pasaron hambre y que tuvieron que elegir entre comer o cenar. Ana María Ametler, de 42 años, dice que durante la pandemia si tenía algo de comer, era para su hija. "Me conformaba con un café o un vaso de leche", confiesa en declaraciones recogidas en el informe de Human Rights Watch.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU criticó en 2018 la insuficiencia de las pensiones contributivas y no contributivas relacionadas con la edad de España por considerarlas "insuficientes" para garantizar a los pensionistas y sus dependientes un nivel de vida adecuado, por lo que pidió al Gobierno restablecer el índice claro entre las prestaciones de la seguridad social y el costo de vida.

Según Human Rights Watch, las familias se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pérdida de ingresos durante la pandemia porque España tiene un sistema de subsidios y de prestaciones "complicado". Además, señalan que la tasa de pobreza infantil en 2020 era la más alta de Europa, conforme el estudio del FMI (Fondo Monetario Internacional) y, aunque el IMV supuso un importante cambio de paradigma, el apoyo social no llegaba a muchas familias que vivían en la pobreza porque el apoyo "en sí mismo era insuficiente". Muchas familias que viven con bajos ingresos en las ciudades españolas comparten apartamentos, a menudo sin contratos de arrendamiento formales, debido a problemas de larga data de viviendas sociales insuficientes.

Este estudio ha sido el primero de una serie de investigaciones que Humans Rights Watch está llevando a cabo en Europa sobre los derechos de las personas a un nivel de vida adecuado, incorporando sus derechos a la alimentación y a la seguridad social, incluso en el contexto del impacto del Covid-19. Según concluyen desde la organización, el Estado español "no protegió los derechos de las personas a la alimentación y a un nivel de vida adecuado durante la pandemia".

https://www.elmundo.es/espana/2022/07/14/62cd873ae4d4d8f93b8b457a.html

JLP ¿Qué cuerpo se queda Don España?

JC nos quedamos con lo que muchas veces hemos dicho en este programa, que para conseguir el salario mínimo vital, era tal la cantidad de papeles que se necesitaban que muchas personas se quedaban sin poderlo solicitar. Por ejemplo si alguien vivía en la calle, al no tener domicilio no podía solicitarlo. Si había varias familias dentro de la misma vivienda, que podían vivir con el abuelo, se sospechaba que no y tampoco podía salir adelante con los tramites. La burocracia ha hecho imposible la realización. Algo absurdo además porque los servicios sociales conocían los casos y con la firma de un profesional se podia haber agilizado las cuestiones. Se eligió el sistema más complicado para que no fuera un coladero, pero eso se convirtió en un agujero tan pequeño que de 800 000 familias que iba a recibir, no han llegado ni a la mitad.

JLP pero lo más grave de este asunto, y de la validez de este estudio –que tenía que haber salido en el estado de la Nación, pero parece ser que la Oposición no sabe leer, ni está informada- es que a parte de esa parte concreta del Salario mínimo Vital, la conclusión  -hecha la estimación en Barcelona y Madrid nada más- y teniendo en cuenta lo que usted ha comentado que lo ayuntamientos saben muy bien quienes están necesitados, creo que el problema es más grave aún de lo que denuncia HRW. 

Si han elegido un estudio en las dos grandes capitales, y en las otras comunidades se sabe quien necesita la ayuda y no la recibe, según se concluye el Estado Español no a sido capaz de garantizar la alimentación adecuada. Y el Estado Español incluye al jefe del estado, al presidente de gobierno, a los ministros, a los jueces que podían haber tomado decisiones, a los militares… es decir que Estado son todos…

JLP menos los que pagan… esos no son Estado Español. Pues  “el Estado español "no protegió los derechos de las personas a la alimentación y a un nivel de vida adecuado durante la pandemia". Esto me parece muy serio.

JC: pero si de repente hace 7 meses uno de los consejeros de la señora Ayuso –cuando Caritas saco un informe sobre pobreza en Madrid- dijo que no sabía de dónde salían esos 3 millones de pobres en la Comunidad, que él no los veía. Y así se justifica lo injustificable.

JLP el problema es que todos esos millones de personas (pobres), no tienen ni la capacidad cognitiva, ni los recursos tecnológicos, ni el cauce adecuado para poder reunirse, mostrar sus carencias y reclamar una ayuda.

JC no son capaces para meterse en el maremágnum telemático. Y tienen que tener firma digital. ¡Qué poco se conoce la realidad! Una persona en un barrio humilde ¿quien tiene firma digital? ¿quién tiene ordenadores para solicitar la ayuda?. El ultimo trámite que hemos hecho con una persona. Para demostrar su situación se tiene que conectar con una cámara de video para que tengan la foto digital y puedan testar con el del carnet de identidad…. ¿pero esto qué es? Con todas hipotéticas mejoras que se van haciendo, lo que realmente se hace es dejar al margen a los que de verdad necesitaría ayuda. Y es tan fácil como poner una persona que facilite el tramite a quien lo necesite. Y para eso están las declaraciones juradas. Porque cuando alguien compra unas mascarillas, vale con la declaración jurada de la empresa. Pero de un pobre no vale la declaración jurada y que pueda llevar a dos testigos, desde la parroquia a las señoritas de Caritas que sí saben lo que hay en la calle, y se podría utilizar.

En definitiva, como en tantas otras cosas -incidimos en el hambre una vez más- no hay voluntad política para resolverlo. El Estado no ha sido capaz, porque no ha querido, tenia dinero, tiene los medios si quiere, porque para contratar asesores se va rápido, pero para estas cosas.

JC no le voy a recordar una cosa que se llama “Ley de Dependencia” ese es el abandono del estado de los seres más débiles y necesitados

JLP Vaya nuestro mensaje al jefe del estado y al jefe de gobierno para que lo incluyan en el Estado de la Nación. Así es nuestro editorial de hoy