EL EDITORIAL: La sentencia del caso ERE: Una tomadura de pelo a la comunidad de los españoles

Nuestro editorial no podía ser otro:

“Caso ERE: Griñán, condenado a seis años de cárcel y Chaves, inhabilitado por nueve años

“El tribunal considera a Griñán culpable de prevaricación y malversación y a Chaves, de prevaricación”.

Nos parece que han sido –después de todo lo que han tardado- más benévolos que el pan. Robarle al pueblo de esta forma tan descarada, es el mayor escándalo de los escándalos, hecho por el Partido Socialista, o lo que sea menos obrero, español. El mayor escándalo -más que Gurtel- por la naturaleza del mismo… que a un señor le echen 6 años –que luego se convertirán en otra cosa-  y los demás casi se vayan de gratis, y luego a los responsables, que no sabían nada –aquí nadie sabe nada- que los inhabiliten, a estas alturas ya está inhabilitado.

Esta es nuestra primera crítica de entrada, nos parece vergonzoso. ¡Tantos años esperando! y ahora salen con esto… de verdad… no es que queramos más penas, pero es que esto no son ni penas, ni nada. 

“La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado este martes al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE, mientras que a su antecesor, Manuel Chaves, le ha impuesto una condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación”.

O sea una persona prevarica continuadamente, ya está apartado de la política y le condenan con una inhabilitación para ejercer la política. De verdad, esto es una ofensa a la comunidad.

“Por este mismo delito han sido inhabilitados también durante nueve años la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías.

Además de Griñán, otros cuatro exconsejeros han sido condenados a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Economía). La pena más alta es para Fernández, siete años y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete años; y la de Martínez Aguayo, de seis.

Solo dos de los 21 procesados han resultado absueltos: el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe de los servicios jurídicos Francisco del Río. Al primero se le acusaba de malversación y prevaricación, y a Del Río, solo de prevaricación. A estos dos excargos se les suman cuatro antiguos dirigentes acusados también de ambos delitos y para los que Anticorrupción pedía cárcel, pero que podrán eludir la prisión porque han sido absueltos de malversación, aunque inhabilitados por prevaricación. Estos son los ex directores generales de la agencia Idea Jacinto Cañete (ocho años y seis meses de inhabilitación), y los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez (nueve años) y Lourdes Medina (ocho años y seis meses).

Los jueces consideran que Chaves y Griñán, junto al resto de condenados, eran "plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron". 

Si los dos eran plenamente conscientes ¿por qué la diferencia de penas?

Esos actos empezaron en el año 2000, - estamos en el 2019, 20 años después- cuando el Gobierno andaluz cambió el sistema de ayudas a empresas en crisis para dar una respuesta más rápida a los grandes conflictos sociolaborales. Esta "necesidad política", advierte el tribunal, llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, "si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”. "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno [autónomo] en su conjunto", señala el tribunal.

Para poner en marcha este nuevo mecanismo, la Junta aprobó dos modificaciones presupuestarias que reducían las partidas legalmente establecidas para la concesión de subvenciones y dotaban de fondos a otras que no existían en el presupuesto inicial aprobado y que, según los jueces, eran "inapropiadas" para otorgar estas subvenciones. A partir del año 2001, las ayudas las pagaba directamente el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), a través de un convenio marco firmado entre su presidente, Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo, y el que era máximo responsable de este departamento, José Antonio Viera. 

Este convenio dejaba en manos del  director general de Trabajo, el principal imputado en la causa, Javier Guerrero (condenado a siete años y once meses de prisión), la facultad de ordenar al IFA el pago de las ayudas, pese a que Guerrero, según el tribunal, "carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones".

Con este nuevo sistema, el Gobierno andaluz se ahorraba cumplir con los requisitos legalmente establecidos para tramitar los expedientes de concesión de subvenciones y eludía la fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta, lo que favoreció "un descontrol absoluto", afirman los jueces. 

La sentencia, de 1.821 páginas, considera a Chaves y Griñán responsables de ese procedimiento. Chaves, como presidente del Gobierno andaluz, no solo lo conoció y lo permitió, sino que los jueces creen "impensable" que una decisión así se tomara sin el visto bueno del jefe del Ejecutivo andaluz, por lo que le atribuye un delito de prevaricación. Este delito castiga a las autoridades o los funcionarios públicos que dicten una decisión arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia, una conducta en la que el tribunal cree que incurrieron todos los condenados.

Respecto a Griñán, el tribunal le considera, además, autor de un delito de malversación por haber ejercido una administración desleal de los fondos públicos. Según la sentencia, Friñán conocía los informes de la Intervención General de la Junta que censuraron el sistema de ayudas, pero no hizo nada para evitarlas, sino que "asumió" como consejero de Economía "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L (el fondo de los ERE) fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”

La sentencia no es firme y las defensas recurrirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. El alto tribunal ya analizó este caso cuando Chaves, Griñán y otros tres exconsejeros estaban aforados por ser parlamentarios en el Congreso o el Senado. El Supremo concluyó que había indicios para investigar por prevaricación a todos menos a una exconsejera, pero descartó que Griñán hubiera malversado dinero público. Cuando ambos dimitieron, su imputación se incorporó a la causa principal que se investigaba en Sevilla, y el juez instructor, en contra del criterio del Supremo, optó por procesar al exconsejero de Economía por malversación, delito por el que ahora ha sido condenado a prisión”.

Dicen que la sentencia es un mazazo para la sentencia

“Excepto en seis casos, asume casi en la totalidad la petición de penas que hizo la Fiscalía Anticorrupción. Sobre la que fue la cúpula de la Consejería de Empleo han caído las penas más altas, de hasta casi ocho años en el caso del exconsejero Fernández. El que fuera su número dos, el exviceconsejero, Agustín Barberá, afronta siete años de cárcel, la misma pena que los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Javier Guerrero. Este último era el principal acusado del caso y ya acumulaba una condena previa por corrupción. Las condenas son también elevadas para los que estaban al frente de la Consejería de Economía en la etapa de los ERE, con Griñán a la cabeza, a los que se les han impuesto penas de seis años.”

A pesar de considerar probado que se malversó dinero, los condenados no tienen que hacer frente al pago de responsabilidades civiles porque la Junta de Andalucía, que ejerció como acusación particular al ser la Administración perjudicada, se reservó el derecho a ejercer las acciones civiles en las piezas separadas de la macrocausa.

Moraleja: ¿Dónde está el dinero ¡Ahh! ¿Dónde está el trolero? ¿Qué hace el trolero?. Esto es increíble….

“Un lustro después, el proceso ha enjuiciado su política de ayudas públicas para empresas en crisis, dotada con 680 millones durante una década (2001-2010).

El juicio desarrollado en 2018 sirvió para ratificar la visión opuesta entre defensas y acusaciones, cuyos expertos respectivos —catedráticos de Derecho Presupuestario y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)— protagonizaron un duelo de tesis enfrentadas a favor y en contra de la legitimidad de emplear las transferencias de financiación para pagar los ERE a través de la agencia pública Idea.”

https://elpais.com/politica/2019/11/19/actualidad/1574150424_189647.html

 

A nosotros nos parece una poca vergüenza. Nos gustaría escuchar por un momento a la voz de España, Don Juan Carlos 

JC: simplemente fue montar un chiringuito, para hacer con el dinero lo que querían, no para enriquecerse ,sino para tapar bocas. Cada vez que querían que alguien se callara, cada vez que había un conflicto, o tenía que ir el presidente a un sitio y había manifestaciones se usaba ese dinero para arreglarlo, eso no pasaba por ningún control. Era tener dinero libre para “comprar”, simplemente “comprar”. Pero como era tan libre, no se utilizó solo para eso sino para meter a familiares que no habían cotizado nunca para que tuviera una pensión, para dar dinero a quienes ellos consideraban  oportuno como el director general de trabajo a su chofer para comprar cocaína y orgías y tal…. Como no había control, porque no se quería que lo hubiera, porque eso es lo que autorizo el señor Griñan y por eso le toca a él ir a la cárcel, porque el otro podía saber que no sabía. Pero cuando era él consejero de trabajo es cuando se hizo ese sistema que lo que hacía era burlar todos los controles para poder pagar lo que quisieran para ellos poder seguir durante 40 años en el gobierno. Impunidad absoluta que había en el gobierno andaluz para hacer lo que les diera la gana y quisieran.

Asesor: El proceso ha tardado 20 años en la primera condena, a ver qué hace ahora el Supremo. ¿No cree usted señor Padilla, que aunque a uno le han inhabilitado, no le han mandado a la cárcel que es lo mismo porque ya está fuera de la política no cree usted -que aunque esto lo han tratado de parcializar en Andalucía como si el resto de España no supiera nada de esto- tratándose de un partido socialista obrero que el dinero iba para los obreros, las empresas ¿quien era presidente entonces?

JC: En ese momento era el señor Aznar porque son tantísimos años. Y después el señor Zapatero que estuvo 8 años en el poder.

Asesor: A ese me refería yo. Y es parte del gobierno central saber cómo se manejan los dineros importantes de las Autonomías ¿es cierto o no?

JC: están las auditorias  de cuentas y deberían revisarse todas las cuentas de todos los organismos para ver si alguien se salta la legalidad. Y debería haber un órgano independiente que pudiera recibir los informes que controlen la ilegalidad y que realmente pudiera levantar la liebre no 20 años después si no en el momento en que se produce el delito. Y ese dinero, que era muy importante en la zona que más parados hay para reindustrializar, resulta que se han perdido en nada. Ninguna de las empresas que necesitaban un impulso recibieron nada. Se usó el dinero para comprar conciencias y tener amigos para planificar las listas y las votaciones.

Asesor: ¿me puede usted decir si existen sindicatos en Andalucía?

JC: Los sindicaros en este caso UGT y Comisiones estaban dentro del sistema, porque esos ERE que son Expedientes de Regulación de Empleo, ellos estaban implicados en esos pagos y esas pólizas, además hubo sindicalistas que aparecieron para comprar pensiones indemnizaciones.

Asesor: Y el sindicalismo ha salido indemne. 

Y otra cosa como español… y como español trilero…..¿Y  alguien va a devolver ese dinero?

JC: Conoce usted la vieja canción de “donde están las llaves….” Pues como están en el fondo del mar… el mar es muy grande

Asesor: ¿Cree usted que ha habido una cierta premeditación para alargar este juicio 20 años?

JC: Una cierta no, una absoluta y planificada actuación para retrasar y ver si se conseguían pasar los plazos y se perdía algún papel, entre ella la propia Junta de Andalucía que no presentaba los originales…. Ha sido una lucha personal de una jueza andaluza que ascendió y acabó perdiendo el caso. Pues ha tenido que luchar contra todas las obstrucciones perfectamente planificadas por todas las defensas e incluso la Junta.

Asesor: ¿Cuánto tiempo calcula usted que el Tribunal Supremo tardara el leer las 1821 páginas de la sentencia?

JC: el problema es que eso es la sentencia pero eso hará referencia a un montón de expedientes y pruebas que cada uno tendrá un montón de páginas. Como poco póngale 3-4 añitos, en el caso de que se dieran prisa. Si fuera el constitucional 10 o 12 años. Pero el Supremo… de tres años para adelante

Asesor: Y ¿Podría calificarse de indigno que la defensa esté enfadada con esa sentencia?
JC: la defensa -por definición- es como las madres que creen que sus niños son buenos. 

Asesor: Pero ¡por favor!....es el colmo que digan que ha sido muy dura la sentencia.

JC: Habría que recopilar todas las declaraciones que acusaban con que era un ataque al partido socialista, que ya se demostraría su inocencia, que se ponían las fechas para perjudicarles, que la justicia demostraría que todo era un montaje … pues han tardado 20 años, pero ha salido una sentencia condenatoria. Y está claro que no ha sido un montaje.

Asesor: y otra pregunta: ahora no hay nadie en la cárcel… ¿cuanto tiempo tardarán en ingresar en prisión?

JC: hasta que no haya sentencia del Supremo ninguno irá a la cárcel

Asesor: ¿Y cuanto creen que cumplirán? Suponiendo que el Supremo no rebaje las penas

JC: póngales que el Supremo tarda 5 años y ya habrá otra legislatura. Tendrán que entrar, pero saldrán por personas mayores. Buen comportamiento….alguno pedirá ir a ayudar a ancianitos y les darán el 3 grado

Asesor: No llegaran a cumplir ni la mitad de la condena

JC: suponiendo que el supremo no las rebaje, de 6 años cumplirán por buena conducta tres… acabaran cumpliendo como mucho 14 meses.

Menos mal que Europa dice que hemos mejorado mucho en justicia.