EL EDITORIAL: Los Jueces españoles denuncian ante Europa al gobierno: Peligra el Estado de Derecho en España
Y nuestro editorial nos lleva a una noticia curiosa: “Más de 2.500 jueces se dirigen a la Comisión Europea para alertar del "riesgo grave de violación del Estado de Derecho" en España JLP ¿Qué les parece? ¡Nuestros jueces! Reclaman a Europa protección porque se está violando el estado de derecho en España- 2500 jueces
Y nuestro editorial nos lleva a una noticia curiosa:
“Más de 2.500 jueces se dirigen a la Comisión Europea para alertar del "riesgo grave de violación del Estado de Derecho" en España
JLP ¿Qué les parece? ¡Nuestros jueces! Reclaman a Europa protección porque se está violando el estado de derecho en España- 2500 jueces que son los que tienen que juzgar y que se ven atrapados en la violación del estado de derecho.
Esto me parece una cosa grave y seria porque no son ni uno, ni dos, son 2500 jueces
“La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente denuncian la reforma del CGPJ ante Europa.
Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces, han remitido este lunes una carta a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia Vera Jourová y al comisario Europeo de Justicia Didier Reynders donde exponen la "situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España".
Estos colectivos judiciales comienzan explicando que representan a la inmensa mayoría de jueces asociados de nuestro país y que, "con enorme pesar", se ven obligados a recurrir a la Comisión Europea "para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España, aun sabiendo que sólo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización interna".
En la misiva, los miembros de la Carrera Judicial sostienen que "a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial".
"Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite. La primera reforma, ya en vigor, prevé un "apagón" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales). La segunda reforma prevista implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras Legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ", exponen.
JLP: ¿no decían que poder legislativo, judicial y ejecutivo estaban separados? En España no.
Estas asociaciones explican que consideran que "está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea; y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea)".
JLP: Pues la situación no puede ser más clara.
“La APM, AJFV y FJI piden a la Comisión Europea que tome conocimiento de "las reformas legislativas sobre el apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación,...), y con ello su independencia e imparcialidad". "Esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y por lo tanto, del propio Derecho de la Unión", aseguran.
Además, sostienen que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que exige el derecho comunitario.
Los jueces españoles recuerdan que la Comisión Europea, junto con otras instituciones del gigante europeo y sus estados miembros, es "responsable de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la Unión Europea".
Los togados proponen que, si los partidos políticos no abordan las reformas legislativas necesarias, se valore la procedencia de la aplicación del Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre la posible condicionalidad de acceso a las ayudas de la Unión al respeto previo a la separación de poderes.
Por último, los miembros de la magistratura piden que "de no subsanarse la situación denunciada" se inicie el procedimiento previsto en el Tratado de la Unión Europea ante la constatación de "riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 y del Estado de Derecho".
https://www.elmundo.es/espana/2021/04/12/607420c7fdddff671d8b45fa.html
JLP Pues como ven la carta no tiene desperdicio, la denuncia de 2500 jueces que se han cansado un poco de toda la manipulación y toda la discusión entre el PP y PSOE de ver a quien eligen y cómo eligen
Todo esto lo empezó Iglesias si mal no recuerdo, toda la injerencia en el poder judicial, cuando una de las “claves” –entre comillas- que pueda “garantizar” –entre comillas- la democracia, está en la separación de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Separación en tanto y cuanto tienen independencia de criterios. Y luego -obviamente- dialogarán y llegarán a una conclusión común
Pero claro, si a los jueces los elige el gobierno, cualquier ley va a estar asegurada por parte de los jueces.
Pero si el poder judicial tiene independencia, el gobierno -sea el que sea- no puede hacer lo que quiera, tendrá que tener cuidado porque el poder judicial puede interponer alguna inconveniencia, según la cual, el gobierno no puede hacer lo que quiera.
En cambio si el Consejo General del Poder Judicial , lo elige mayoritariamente el gobierno, el gobierno tiene vía libre: Una vía más para la inmunidad.
Y eso mina las libertades. Y se han hartado los jueces y han decidido recurrir a Europa-
Y algo tiene que decir Europa, porque esto es muy flagrante y de hecho Europa ya ha comentado algo. Lo que pasa es que procuran meterse mucho en asuntos internos.
Pero por lo menos que el gobierno tome nota.
Ya veremos en qué queda. Este ha sido nuestro editorial de hoy: El Consejo General del Poder Judicial y los 2.500 jueces se dirigen a la Comisión Europea para alertar del "riesgo grave de violación del Estado de Derecho" en España
Nos parece muy grave

"Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite. La primera reforma, ya en vigor, prevé un "apagón" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales). La segunda reforma prevista implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras Legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ", exponen.
Los jueces españoles recuerdan que la Comisión Europea, junto con otras instituciones del gigante europeo y sus estados miembros, es "responsable de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la Unión Europea".