EL EDITORIAL. No hay que dejarse pisar el espacio de expresión
“El mundo está cada vez más amordazado. Aumenta el número de Gobiernos que legislan y toman medidas para dificultar la labor de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. Lo denuncia Amnistía Internacional”. Así comienza el artículo que hoy publican en el diario El País . “La represión está de mo
“El mundo está cada vez más amordazado. Aumenta el número de Gobiernos que legislan y toman medidas para dificultar la labor de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. Lo denuncia Amnistía Internacional”.
Así comienza el artículo que hoy publican en el diario El País.
“La represión está de moda. Es tendencia. Cada vez más países aprueban leyes que limitan o impiden la actividad de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Solo en los dos últimos años, se han iniciado los trámites e incluso aprobado al menos 40 normas en este sentido. Así lo advierte Amnistía Internacional en el informe Leyes concebidas para silenciar, publicado este jueves, en el que denuncia "un ataque global contra las ONG".
“En su investigación, la organización analiza 50 países del mundo donde se han aplicado o están en proceso de aprobación leyes contra las ONG. Esta batalla para frenar y acallar a los defensores de los derechos humanos "se ha recrudecido" en los últimos años, apunta Maribel Tellado, responsable de la campaña Valiente de Amnistía Internacional en España. En opinión de la experta, los propios Gobiernos usan un "discurso demonizador" de determinados colectivos para luego justificar las medidas represivas contra ellos. "Una parte de la población compra esos mensajes", lamenta. Es el caso de Hungría. "Se están ensañando con las organizaciones que apoyan a las personas migrantes y refugiadas. Se dice que amenazan la seguridad, las multan y desprestigian". La comunidad LGTBI, las feministas y los que combaten la corrupción —incluidos los periodistas— son otros grupos especialmente perseguidos”.
“Las medidas más comunes para impedir el trabajo de las organizaciones que se han encontrado los autores del informe son la imposición de trabas burocráticas y dificultar su acceso a financiación”.
“En la mayoría de los casos, advierten, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios.”
¡Qué bárbaro!
“En Pakistán, por ejemplo, el Ministerio de Interior rechazó las peticiones de 18 ONG internacionales, entre las que estaba ActionAid, sin alegar motivo alguno. En octubre de 2018, les ordenó abandonar el país. Las justificaciones para denegar el permiso, cuando sí las hay, son tan distintas como los países que las imponen. Según el estudio, las más habituales son la seguridad nacional, la preocupación de que las entidades interfieran en asuntos internos, la necesidad de proteger la propia identidad, así como preservar las tradiciones, los valores y las creencias religiosas.”
“Para dificultar o incluso acabar con la actividad de las ONG ya operativas, algunos Gobiernos han aprobado leyes que fuerzan a las entidades a cumplir requisitos y procesos "absurdos", dice Tellado. De no hacerlo, se enfrentan a cuantiosas multas o incluso la cárcel. Otros se reservan el poder de disolver una organización si esta comete alguna infracción. El problema es que, según Amnistía Internacional, los casos en los que están habilitados a ello no están claramente definidos.”
Es difícil…
“En Egipto, en virtud de su Ley 70 de 2017, basta con afirmar que una ONG "daña la unidad nacional o perturba el orden público" para cerrarla.”
¡Impresionante! La “Ley Mordaza” es una ley universal y no hay manera de pararlas.
“Coincide en este análisis la uruguaya, Anabel Cruz, directora de la ONG Instituto de Comunicación y Desarrollo, y presidenta de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil, CIVICUS. "Una de las conclusiones de nuestro último informe sobre el estado de la sociedad civil es que en 2018 hubo un avance de la represión, pero también un resurgimiento de movimientos sociales y de protestas como no habíamos visto en mucho tiempo".
“Lo que más preocupa a Cruz es que se haya impuesto una agenda antiderechos. "Después de tantas décadas que llevó conquistarlos... ahora están peligro", reflexiona. Considera que lo que deben hacer organizaciones grandes como Amnistía Internacional y Civicus es dar apoyo a quienes protestan y pueden frenar esta tendencia represiva. "La sociedad civil está alerta y dispuesta a luchar por sus derechos", proclama.”
¡Ahí estamos! A no dejarse pisar el espacio de expresión, que es lo poco que nos queda, y que nos lo están cambiando por seguridades.
“En su investigación, la organización analiza 50 países del mundo donde se han aplicado o están en proceso de aprobación leyes contra las ONG. Esta batalla para frenar y acallar a los defensores de los derechos humanos "se ha recrudecido" en los últimos años, apunta Maribel Tellado, responsable de la campaña Valiente de Amnistía Internacional en España. En opinión de la experta, los propios Gobiernos usan un "discurso demonizador" de determinados colectivos para luego justificar las medidas represivas contra ellos. "Una parte de la población compra esos mensajes", lamenta. Es el caso de Hungría. "Se están ensañando con las organizaciones que apoyan a las personas migrantes y refugiadas. Se dice que amenazan la seguridad, las multan y desprestigian". La comunidad LGTBI, las feministas y los que combaten la corrupción —incluidos los periodistas— son otros grupos especialmente perseguidos”.