EL EDITORIAL. Un motivo de esperanza: Europa, acusada ante La Haya por las muertes de migrantes en el Mediterráneo
Nuestro Editorial nos parece importantísimo y significativo aunque quizás muy poco operativo… ¡de momento! Esperemos que con el tiempo lo sea. La noticia la recogemos del diario El País : “Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria.” Esto
Nuestro Editorial nos parece importantísimo y significativo aunque quizás muy poco operativo… ¡de momento! Esperemos que con el tiempo lo sea. La noticia la recogemos del diario El País:
“Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria.”
Esto es un auténtico derecho internacional… Lo que pasa es que, ¿en dónde?... En La Haya, pero… ¿quién va a hacer caso?
“Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de las muertes de inmigrantes en Libia y en el Mediterráneo.”
“La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.
Responsabilidad criminal europea… ¡Increíble!, ¿no?
“A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya —a las que ha tenido acceso el diario El País y otros europeos—, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.”
Es que 14.500 migrantes ahogados es una cifra más que respetable. En fin…
“Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. Fuentes de Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a la detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.
Por supuesto, como ven, la Unión Europea se declara inocente de todo…
“Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada Operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.”
¿Dónde estarán esos derechos de los 14.500 ahogados?
“Para que la denuncia prospere, la Fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.”
Bueno, pues… Las cosas están así. Nos congratula enormemente que estos abogados internacionales –no dicen quiénes, ni de qué países; aunque se sabrá, la noticia no lo trae- hayan tomado consciencia continental (del continente europeo) de la responsabilidad subsidiaria total de los países miembros, quienes han mirado hacia otro lado, han hecho la vista gorda, o no han querido intervenir en determinadas condiciones.
Evidentemente, toda la documentación, que además se basa en testimonios de personas y documentos de países de la Unión Europea, tendrá que leerlo inevitablemente la Fiscalía del tribunal de La Haya, y tendrá que ver su veracidad.
Y claro, aquí se pone en tela de juicio si realmente existe una independencia de ese tribunal, que es uno de los valores que esgrime la Unión Europea, si es capaz de inculpar a la Unión Europea por crímenes de lesa humanidad el propio tribunal de La Haya (creado y ejercitado por la Unión Europea). Lo cual sería un análisis de calidad hacia la comunidad europea, increíble, y fantástico, porque esto aclararía mucho posturas como la de Viktor Orbán (en Hungría), posturas como la de Matteo Salvini (en Italia), y dejaría muy clara cuál debe ser la posición de Europa con respecto a las emigraciones e inmigraciones.
Sin duda una señal de esperanza se ciñe ahora, y reclamará una respuesta. Enhorabuena a estos colegas internacionales, abogados, que han tenido el honor y las ganas de pleitear (porque, evidentemente, como ven, la Unión Europea en seguida ha salido diciendo que ellos no tienen nada que ver) pero, justamente, es a la Unión Europea a la que se le acusa de haber participado activamente en la muerte de 14.500 personas.
Así estamos.
“La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.