EL ESTADO Y SU PODER DE DECISIÓN SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE EN EL CASO DE CHARLIE GARD

Tenemos una noticia sobre un caso que hemos estado dilatando para no tener que comentarlo pero… existe el caso del bebé británico Charlie Gard.

Este niño nació con una rara y grave enfermedad genética llamada Síndrome de Depleción de DNA mitocondrial, o de agotamiento mitocondrial (es decir, con una falta de un componente importante en sus células). Un componente del cual sale la energía y otros procesos. Mitocondrias, muy pocas, y poco DNA mitocondrial. Ello es inviable en muchas ocasiones y produce un daño cerebral grave. El bebé, de 11 meses actualmente, nació aparentemente sin problemas pero a los dos meses de vida su salud comenzó a deteriorarse, y hoy necesita respiración y alimentación asistida para vivir. Desde octubre pasado Charlie está ingresado en un hospital pediátrico británico.

El caso es que, frente a esta situación, ante la falta de una opción terapéutica segura para el menor, y para evitarle sufrimientos, los médicos del hospital, pidieron la autorización para desconectar al pequeño y darle así una muerte digna, y la justicia británica avaló la solicitud a pesar de la férrea oposición de los padres de Charlie.

Después de juicios y apelaciones que incluyeron la Corte Europea de Derechos Humanos, los tribunales estuvieron de acuerdo con los médicos. Los padres, sin embargo, insistieron y le pidieron a un juez que le permitiera a su hijo participar de un tratamiento experimental.

Como es lógico, buscaron alguna expectativa, y el pasado mes de enero encontraron en Estados Unidos a un médico de origen japonés que junto a otros seis colegas dictaminaron que existía la posibilidad de aplicar un tratamiento que le aportaría una esperanza de vida.

La lucha de los padres por salvar a Charlie se abrió en dos frentes: el médico y el judicial. No querían que se desconectara la máquina, sino que les dejaran viajar a EEUU con Charlie.

Era un tratamiento muy caro pero el caso despertó un gran interés en el Reino Unido, y los padres abrieron una colecta pública que alcanzó los 1,2 millones de libras (1,4 de euros), dinero que necesitaban para llevar al bebé a Estados Unidos, y que consiguieron gracias a las donaciones de más de 80.000 personas.

Y  ahora viene la cuestión: no pueden llevar al niño a EE.UU. ¡No les dejan! Nuestra cuestión es una cuestión ética, social, familiar… Si estamos en unos Estados económicos capitalistas, de libre comercio y de libre circulación de personas, entonces, bajo la responsabilidad de los padres y con un equipo medicalizado, este niño podría viajar a EEUU. Hay un tratamiento experimental, que en consecuencia no garantiza nada, pero los padres ven en él una posibilidad. Y lo que nos llama la atención es que no les permiten sacar al niño; no pueden trasportarlo a EE.UU. Nos preguntamos –a nivel de Derecho Internacional- si eso está previsto que sea así, o… no está previsto nada. Parece ser que no se les permite viajar porque hay un tribunal inglés que ya ha dictado una sentencia diciendo que se le desconecte. Es decir, no puede irse porque es como si estuviera condenado taxativamente a muerte.

Pues bien, hoy lunes, los padres del bebé han dado por acabada su batalla legal para intentar someter al tratamiento experimental a su hijo. Según ha anunciado el abogado que representa a los padres, el tiempo se había "agotado" para el niño. Las últimas pruebas médicas determinaron que la masa muscular de Charlie está demasiado dañada y atrofiada para que el tratamiento tenga algún efecto. Ante esta situación, los padres ya no quieren pelear más; se han hundido.

Traemos a colación este caso porque nos parece que atenta contra las mínimas libertades. Sin duda, los médicos ingleses que han dictaminado que es irreversible, tienen sus razones; pero también tiene sus razones el colega norteamericano que estudió el caso y que dijo que había un tratamiento experimental que podría ayudar a prolongarle la vida. Parece ser que dicho tratamiento (o cualquier otro que se hubiera aplicado en su momento correcto), no le hubiera llevado al niño a la situación terminal en la que se encuentra actualmente.

¡Ahora todas son especulaciones!

Queríamos retrasar el dar esta noticia hasta que pudiéramos ver cuál iba a ser el desenlace, pero éste está siendo mucho más grave de lo que hubiéramos pensado. Si antes faltaba dinero, ahora ya tenían el dinero... ¿Y ahora qué? Hasta se pusieron en contacto con el Papa Francisco y con el Presidente Donald Trump para que intercedieran pero ninguno de los dos ha contestado.

Así están las cosas. Nos parece increíble, pero cierto…

[Comentario de Juan Carlos Afán]

"Se ha llevado al punto preciso la cuestión a lo largo del comentario de esta noticia puesto que recuerda -como emblemático de lo que es la obligación de aplicar la justicia cuando hay una sentencia- el caso de un preso en EE. UU.

Ocurrió en 1999, cuando estaba de presidente Bill Clinton. En diciembre de aquel año, David Long, un preso de 46 años condenado a muerte en el Estado de Texas por el asesinato de tres mujeres, consiguió unas píldoras antidepresivas y se tomó una sobredosis de las mismas en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville, justo un día antes de su ejecución. Según se descubrió el hecho, fue trasladado de inmediato al hospital de Galveston, a 200 kilómetros de distancia, y allí los médicos lograron salvarle la vida.

Sus abogados entonces pidieron la postergación de la ejecución porque afirmaban que Long no se encontraba en condiciones de salud necesarias para ser ejecutado (pues la Ley establece que el sentenciado debe ser capaz de enterarse de los motivos por los cuales se le aplica una inyección letal). Pero el Estado de Texas, por decisión del gobernador George Bush (el entonces candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, y que en el 2001 llegó a ser el 43º presidente de EE.UU. Hijo del también presidente George H.W. Bush), decidió continuar con la ejecución prevista, y el Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó la medida rechazando la suspensión pedida por los abogados.

En la madrugada del día siguiente a su intento de suicidio, David Long fue trasladado de la sala de urgencias del hospital, de regreso hasta la cárcel de Huntsville, donde se le aplicó la inyección letal. El portavoz del penal había informado de que la condición de salud del recluso había mejorado y que por lo tanto el ajusticiamiento "se llevaría a cabo tal como estaba programado".

El total de gastos por el traslado al hospital para salvar su vida, recuperar su consciencia, y su posterior vuelta a la prisión, supuso alrededor de 1,5 millones de dólares. ¡Y todo porque había una sentencia que decía que iba a ser ejecutado y el preso tenía que estar consciente en el momento de dicha ejecución! Se podría haber dicho que, ya que se iba a morir por la sobredosis, pues que se le dejaba morir en el hospital, pero… Ese tipo de sentencias fija los procedimientos.

En el caso del bebé británico, la libertad de los padres para buscar el máximo bien posible para sus hijos en todas las situaciones, por supuesto no existe, porque el Estado se arroga la prepotencia de decir que “Nosotros somos la verdad, y nosotros decidimos sobre lo que es bueno y lo que es la vida”.