EL RESCATE DE LOS BANCOS ESTÁ COSTANDO UNA FORTUNA A LAS ARCAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS

El Tribunal de Cuentas ha remitido a las Cortes un informe a propósito del “coste acumulado” por el rescate público al sector financiero en el espacio que va del 2009 al 2015, y en éste se dice que ha sido de 60.718 millones de euros. (Una… “cosita”, que diría ChezArdilá), Esta cifra correspondiente a la fiscalización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desde su creación hasta 2015, pero las entidades fiscalizadas en este informe del Tribunal de Cuentas son el FROB, los tres Fondos de Garantía de Depósitos que existían hasta el 15 de octubre del 2011 y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito que sustituyó a los anteriores, y el Banco de España, como institución supervisora del sistema financiero.

La entidad financiera que más coste público ha representado hasta ahora es Catalunya Caixa (con unos recursos de 12.676 millones). Le sigue Bankia, con 12.347 millones, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con 11.065 y Novagalicia, con 9.159. ¡Vaya pájaros!

El Tribunal de Cuentas dice que estos 60.718 millones pueden ser más (en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración ), o pueden ser recuperados en parte.

Sabemos ya un coste aproximado. Mañana tendremos un análisis existencial del mismo por parte de ChezArdilá.

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La cifra de 60.718 millones de euros es el coste que ya han asumido las arcas públicas (incluidos los fondos de garantía del sector financiero) hasta el 2015, pero el Tribunal de Cuentas estima que los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria en España como consecuencia de las actuaciones realizadas desde el 2009 ascienden a 122.122 millones de euros, qunque “no todos los componentes de este conjunto de recursos comprometidos representa, en términos económicos, un coste”.

En la cuantía de los 122.122 millones de dinero público comprometido para la reestructuración del sector financiero no se incluyen los avales otorgados por el Estado a las entidades de crédito, por un importe máximo de 85.965 millones de euros (de los que solo queda un saldo vivo por 1.059 millones). Tampoco incluye la deuda del banco malo Sareb avalada por el Estado por importe de 43.476 millones. Sumando estas cantidades, el dinero público comprometido sumaría unos 251.563 millones de euros (la cuarta parte del PIB español).