INFORME REDER DE EXCLUSIÓN SANITARIA ILEGAL EN ESPAÑA

Ha sido cifrado en 1.567 el número de personas que han sido sometidas a exclusión sanitaria (no han sido atendidas) durante los últimos 18 meses en España.

Así se desprende de un documento presentado por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (REDER), y cuyos datos garantizan y documentan unas 300 organizaciones médicas (entre ellos la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) que pertenecen a dicha organización.

La reforma del Real Decreto-Ley de 2012 establecía que "las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias" ⁽¹⁾. No obstante, muchas personas que por ley tendrían derecho a recibir asistencia sanitaria, no han podido acceder a ella tampoco.

¡Impresionante!

Entre todos esos casos se podrían resaltar los casos de 31 personas con neoformaciones (tumores), 38 personas con enfermedades cardiovasculares, 64 personas diabéticas y 27 personas con problemas de salud mental...

El secretario general del Ministerio de Sanidad asegura no conocer el informe de REDER, pero sostiene tajantemente que según el plan presentado ante las Comunidades Autónomas hace 15 días por el ministro "todos los inmigrantes tienen derecho a la asistencia, y también a la cobertura, y quien no la reciba debe demandarla". “Y más, si el 70% de los casos son precisamente por incumplimiento de las excepciones que establecía el Real Decreto. Es decir, de personas que, aunque no tuvieran tarjeta, debían recibir esa atención".

Esto demuestra que no se están cumpliendo las últimas directrices⁽²⁾ según las cuales la asistencia sanitaria para cualquier persona debe ser garantizada y garantizable, más aún en casos como los anteriormente descritos, los cuales tienen una cierta prioridad, gravedad y urgencia.

Es una pena que, merced a querer impulsar la sanidad privada (cuando resulta que hay sitio para todos) siga en esa dirección todavía la política del Gobierno central que, como saben, se pliega dependiendo de la presión que haya. Se hace insuficiente presión como para que todo aquel que tenga algún problema de salud pueda ir a algún centro de salud, y deba ser atendido… ¡y que no les pasen después la factura!, como les ha ocurrido a más de un inmigrante.

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⁽¹⁾ El ‘Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’, de la ex ministra Ana Mato, se tramitó sin debate parlamentario y en él se establecía que “las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias”. Ello trajo consigo la retirada de las tarjetas sanitarias a más de 870.000 personas, muchas de ellas inmigrantes sin permiso de residencia, aunque la cifra no ha sido actualizada por el Gobierno. En aquel entonces el Ejecutivo anunció la posibilidad de contratar convenios especiales públicos, con un precio de entre 60 y 157 euros mensuales. Después de más de dos años, el número de contratos no llega a los 500. Según informes esta posibilidad es incluso más caro que el de algunas aseguradoras privadas, y no incluye la prescripción farmacéutica (es decir, puedes ir al médico por padecer diabetes, pero no te pueden recetar la insulina si no la puedes pagar).

⁽²⁾ Actualmente la atención sanitaria a las personas irregulares depende de la Comunidad Autónoma en la que residan, porque algunas siguen al pie de la letra la reforma del Gobierno de 2012, que les dejó sin la tarjeta de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), y otras no.

En marzo de 2015 el ministro Alfonso Alonso dijo que los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular “volverán” (todavía no) a tener derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012. El ministro defendió esta decisión, que supone una rectificación política del Gobierno, por "cuestiones de salud pública", porque es "más práctico" y para "no saturar las urgencias".

El 3 de septiembre de 2015 el ministro Alfonso Alonso, presentó a las comunidades autónomas un plan para homogeneizar en todas ellas la atención que se ofrece a los inmigrantes en situación irregular, según el cual el derecho a la atención "dependerá de una situación de empadronamiento que acredite que vive allí. Después serán los servicios sociales los que determinen en que situación está y a partir de ahí tendrá que formar parte de un registro".