LA ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA ACUERDA ACTUAR CONTRA EL TRIBUNAL SUPREMO

En Caracas, la Asamblea Nacional se ha reunido este miércoles desde primera hora de la mañana para debatir la destitución de los siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que elaboraron los fallos por los cuales arrebataban sus poderes a la sede legislativa y la inmunidad a los diputados. Finalmente, el Parlamento ha aprobado activar el procedimiento para la destitución de los siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por tener "responsabilidad en la ruptura del orden constitucional" del país al elaborar los fallos por los cuales arrebataban sus poderes a la sede legislativa.

Una vez que el Supremo, el pasado fin de semana, devolvió sus competencias a la Asamblea y la inmunidad a los diputados (tras la orden del régimen de Nicolás Maduro), el Parlamento ha vuelto a funcionar y ahora pide la dimisión de estos siete magistrados (nombrados a dedo) que eran los que iban a sustituir en sus funciones a más de 160 diputados de la asamblea.

Increíble, pero cierto, pero ahí está el TSJ venezolano para negarle cualquier intención a la Asamblea Nacional.

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El TSJ es una institución clave en la actual coyuntura política venezolana porque la Constitución le otorga el papel de árbitro entre los poderes del Estado. En el primer año de control opositor, el Supremo se ha posicionado siempre a favor del Gobierno, salvo en un borrador sobre el uso de teléfonos móviles en las cárceles.

La actual guerra entre el poder legislativo y el judicial tiene su origen en las elecciones de diciembre de 2015, en las que la oposición se hizo con la mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez desde que Hugo Chávez fue elegido presidente hace más de una década.

Tras aquellos comicios, el TSJ suspendió cautelarmente la toma de posesión de tres diputados electos de la oposición, los indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, mientras se investigaban unas denuncias de fraude electoral, que todavía no han sido resueltas. Aún así, la Asamblea desobedeció la sentencia judicial y los tres diputados electos tomaron posesión de sus escaños, alegando que su investidura es un mandato popular alcanzado en las urnas.

Por ello, el Supremo declaró a la Cámara en "desacato" el 5 de enero de 2016, y advirtió de que todas sus decisiones serían nulas mientras los tres diputados judicialmente suspendidos permanecieran en sus cargos. Desde entonces, el Supremo ha declarado inconstitucionales la mayoría de decisiones de la Asamblea.

La situación de estos tres diputados no es un asunto baladí: con ellos, la oposición tendría una mayoría de dos terceras partes de la Cámara, lo que le daría nuevos poderes y atribuciones, como la capacidad para derogar o aprobar leyes orgánicas, aprobar una reforma constitucional y elegir o remover magistrados en el Tribunal Supremo, es decir, tendría la llave para desmantelar el legado chavista.