LA AUDITORIA DE LA IGLESIA LES SALE RANA A LOS OBISPOS
La auditoría de Cremades sobre los abusos golpea a los obispos: “Las víctimas no se sienten escuchadas” El informe del despacho, severo con la Iglesia, recomienda crear un fondo de 50 millones de euros para indemnizar a los afectados, que cifra en “varios miles”. La Conferencia Episcopal ningunea el documento y publica
La auditoría de Cremades sobre los abusos golpea a los obispos: “Las víctimas no se sienten escuchadas”
El informe del despacho, severo con la Iglesia, recomienda crear un fondo de 50 millones de euros para indemnizar a los afectados, que cifra en “varios miles”. La Conferencia Episcopal ningunea el documento y publica uno propio en el que no hace autocrítica.
La auditoría que la Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó hace casi dos años al bufete Cremades & Calvo-Sotelo cuestiona duramente la gestión de los obispos ante el escándalo de la pederastia y su informe señala que durante décadas ha prevalecido una actitud de “ocultación, relativización e incluso de negación”. Los autores del documento, de 914 páginas y entregado a los obispos el pasado fin de semana, afirman “con contundencia” que las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia “no se sienten escuchadas” y que “su voz ha estado sepultada en el silencio durante décadas”. Junto a varios cientos de páginas de análisis —que contienen también testimonios de víctimas—, el bufete ha incluido una contabilidad de casos: 1.383 denuncias y al menos 2.056 víctimas, aunque subraya que estos números solo representan la punta del iceberg. “No se trata de casos aislados, de unas ‘pocas manzanas podridas’. Si un solo abuso ya era demasiado, el análisis nos habla de miles de abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata de unos pocos miles o de unos muchos miles. Pero, sin duda, son varios miles”, aparece en el documento, tal como adelantó este diario en marzo. La mayoría de las denuncias recopiladas pertenecen a las décadas de 1960-1970 y, en contra de la idea de que es un fenómeno del pasado, a la de 2010-2019. La auditoría del bufete también señala un punto grave para la Iglesia española: “La pasividad ante las víctimas muestra graves defectos estructurales que atrofian la propuesta evangélica. Y esos defectos estructurales generan una responsabilidad institucional de la Iglesia católica en España”. El bufete realizó la auditoría pro-bono y finalmente el coste que tendrá que pagar la CEE es de 1.025.000 euros, la mayor parte, 750.000, en gastos, y el resto en el pago de colaboradores externos.
De forma insólita entre las conferencias episcopales de otros países católicos, los obispos españoles no han querido presentar el estudio ante los medios, ni hacer un acto público. En su lugar, han sembrado la confusión publicando en su web, con pocas horas de diferencia, dos informes de mil páginas cada uno. Por un lado, la auditoría de Cremades a través de un enlace de descarga dentro de una discreta nota de prensa y una actualización de su informe Para dar a luz, un documento realizado por su cuenta y difundido por primera vez el pasado mes de junio. Es decir, dos documentos que contrastan entre sí: el de Cremades, mucho más severo con la Iglesia, y el que los obispos han presentado simultáneamente para intentar eclipsarlo. La CEE ha preferido darle más valor a un informe en el que se investiga a sí misma que a una auditoría independiente que identifica más casos y ahora ya no les gusta. Si bien los prelados españoles incluyen las cifras del estudio de Cremades, solo reconocen 1.302 casos, no hacen autocrítica y ni siquiera mencionan el encubrimiento. De cualquier forma, la CEE admite las cifras de EL PAÍS sobre la magnitud del escándalo —que en este momento contabiliza en su base de datos 1.381 acusados y 2.516 víctimas, datos similares que ahora aceptan los obispos—, después de haber asegurado durante años que apenas existían casos.
Pese a que el informe Para dar a luz señala que hay diócesis y órdenes que han sumado a su contabilidad casos de este diario, la CEE vuelve a cuestionar su trabajo sin argumentos: “Se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma”. Una opinión que contrasta 
también con el informe de Cremades, que por el contrario destaca el papel de los medios de comunicación. De hecho, afirma que “la principal fuente de denuncias [aportadas por todas las diócesis, las órdenes y la propia CEE] trae causa del trabajo de investigación de el periódico EL PAÍS”. Este ha sido otro punto de fricción con los obispos, reacios a reconocer la labor de este diario, que desde 2018 les ha obligado a afrontar una gran investigación del escándalo. Hace cinco años se registraban oficialmente 34 casos y hasta hace dos la CEE decía que había “cero o muy pocos”, se negaba a hacer una investigación interna y proclamaba que no sería “proactiva” en la búsqueda de la verdad.
Si se analizan ambos informes —la auditoría y el documento que los obispos han hecho por cuenta— se puede comprobar que la CEE solo incluye en el suyo información parcial de Cremades y deja fuera la que choca con su discurso. Un claro ejemplo es la propuesta de la auditoría de crear un fondo común de 50 millones de euros, ampliable, para reparar a las víctimas, con indemnizaciones de entre 6.000 euros y 100.000 euros, y que esté coordinado por una comisión independiente.
Por el contrario, los obispos subrayan en Para dar luz que “no se aprecian razones suficientes” para crear un fondo en España y que “resultaría por completo innecesario” para afrontar el escándalo. Recientemente, los obispos destacaban que pondrían en marcha un plan integral de reparación, pero advertían que el que deberá pagar el costo de las multas deberá ser principalmente el agresor. Lo contrario a lo que aconseja Cremades: “En ningún caso podrá condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses a los que no podrá
recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignación del 0′7% del IRPF”. La auditoría considera que las víctimas no deben ser indemnizadas “con cargo al Fondo del Estado que propone el Defensor del Pueblo, cuando la responsabilidad de tales abusos le es imputable directamente a la Iglesia Católica” y que la reparación que esta debe realizar debe cubrir “el derecho a la verdad” y “a la justicia”, “la restitución, la indemnización y la satisfacción”, y unas “garantías de no repetición”.
