LA JUSTICIA EN ESPAÑA: SUELTAN ASESINOS SIN JUZGAR

La dilación perpetua de la justicia: algunas causas tardan en resolverse el doble que hace 10 años

Los retrasos alcanzan a los juzgados de primera instancia e instrucción encargados de los procedimientos penales y a varias de las salas del Tribunal Supremo.

El relato que presuntamente urdió Raúl Díaz Cachón para hacer creer a la familia de su mujer, Romina Celeste Núñez, que ella se había ido de casa tras una discusión se vino abajo en pocos días. El hombre presuntamente mató y descuartizó a su esposa el 1 de enero de 2019 en Lanzarote y entró en prisión preventiva el día 13 de ese mes. Pero la eficacia con la que arrancó la investigación se fue desinflando hasta perderse del todo en un galimatías de informes periciales, estudios psicológicos y pruebas eternas que, cuatro años después, han obligado a poner al sospechoso en libertad tras haber cumplido el tiempo máximo que un acusado puede pasar encarcelado a la espera de sentencia. El caso de Lanzarote es el último que ha saltado a los medios como ejemplo de retrasos judiciales de difícil justificación, pero las llamadas “dilaciones indebidas” son uno de los atenuantes más habituales que acaban reduciendo el castigo en los procedimientos penales y uno de los motivos más recurrentes de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, la duración media de los procedimientos se ha duplicado en la última década en algunos organismos, desde los juzgados de primera instancia e instrucción encargados de los procedimientos penales a varias de las salas del Tribunal Supremo más afectadas por la imposibilidad de cubrir las vacantes mientras no se renueve el Consejo. La Sala Primera, de lo Civil, encargada entre otros asuntos de los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, tardaba en 2012 una media de 11,1 meses en resolver un recurso. En 2021, último año del que hay datos, la espera superaba ya los dos años. Algo parecido ocurre en la Sala Cuarta, la de lo Social, la que tiene la última palabra sobre los pleitos entre empresas y trabajadores y de la que depende en muchas ocasiones la indemnización que pueda cobrar un empleado despedido o la posibilidad de que un trabajador recupere su puesto. En 2012, la espera se demoraba una media de 10,5 meses; en 2021, más de año y medio (18,5 meses), un tiempo que según miembros del órgano es ya muy superior en la actualidad, cuando la sala tiene vacantes cinco de sus 13 plazas.

En el caso del Supremo, los datos indican un aumento exponencial del tiempo de respuesta en los dos últimos años, lo que, al margen del aumento de la carga de trabajo vinculada a situaciones concretas (por ejemplo, los conflictos entre clientes y bancos por las cláusulas suelo y los gastos de las hipotecas) parece directamente relacionado con la imposibilidad legal de cubrir las plazas de magistrados que se jubilan, fallecen o se marchan de forma voluntaria mientras el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, no se renueve. Pero en otros órganos, la situación, según jueces, abogados y otros representantes del sector, es más “endémica”.

https://elpais.com/espana/2023-02-21/la-justicia-se-sume-en-la-dilacion-perpetua.html