LA JUSTICIA INGLESA DECLARA ILEGAL LA DEPORTACION A RUANDA
El Tribunal Supremo del Reino Unido confirma la ilegalidad de la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda Sunak promete cambiar las leyes o los tratados internacionales para frenar la revuelta del ala derecha del Partido Conservador y salvar su estrategia contra la inmigración irregular El Tribunal Supremo del Rei
El Tribunal Supremo del Reino Unido confirma la ilegalidad de la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda
Sunak promete cambiar las leyes o los tratados internacionales para frenar la revuelta del ala derecha del Partido Conservador y salvar su estrategia contra la inmigración irregular
El Tribunal Supremo del Reino Unido ha confirmado la ilegalidad de las deportaciones a Ruanda de solicitantes de asilo que lleguen de manera irregular a territorio británico, declarada por la justicia en junio pasado. El Gobierno de Rishi Sunak había acudido a la más alta instancia de la justicia británica, en un intento de salvar una estrategia de inmigración duramente criticada por las organizaciones humanitarias y que ha tensionado en su interior al propio Partido Conservador. La exministra del Interior Suella Braverman, destituida esta misma semana por Sunak, encabezó al ala dura del partido en su reclamación a Downing Street de que ignorara la legalidad internacional y forzara las primeras deportaciones. Hasta la fecha no ha salido un solo vuelo.
Sunak se ha comprometido, después del golpe recibido por la sentencia, a cambiar leyes y tratados, en un intento de calmar al ala dura del Partido Conservador.
Los cinco magistrados del Supremo admiten que, en el debido tiempo y con las medidas adecuadas, el Gobierno de Ruanda puede ser capaz de garantizar los derechos de los inmigrantes a la hora de tramitar su solicitud de asilo, y evitar su devolución al país de origen. De momento, sin embargo, los magistrados no ven, con las pruebas a su disposición, que exista esa garantía. “En el momento presente, hemos llegado a la conclusión de que los cambios necesarios para eliminar posibles riesgos [para la seguridad jurídica de los inmigrantes] pueden llevarse a cabo en el futuro, pero todavía no se han producido”, afirma la sentencia.
