LA ONU CONDENA A ESPAÑA POR UN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO

La ONU condena a España por el asesinato de una niña a manos de su padre hace 11 años.

El padre, Felipe Rascón, denunciado reiteradamente por maltrato, en una de las visitas sin supervisión pautadas en el régimen de separación mató de tres disparos a su hija Andrea en Arroyomolinos (Madrid). Después se suicidó.

La madre, Ángela González Carreño, había denunciado al agresor en más de 30 ocasiones durante cuatro años, y había solicitado medidas de protección para ella y sobre todo para su hija. Sin embargo nada se hizo.

Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Estuvo pleiteando sin éxito durante once años en distintos tribunales de justicia en España. Perdió en todas las instancias. Entonces, ella y sus abogadas decidieron acudir al CEDAW (Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer). Este organismo se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado. Ángela González interpuso una demanda en septiembre de 2012 representada por la ONG Women’s Link Worldwide.

Según el dictamen emitido ahora por el CEDAW “el Estado español no actuó de manera diligente para la protección de una mujer víctima de la violencia de género que ha sobrevivido, y de su hija, de siete años, que fue asesinada por el padre durante un régimen de visitas sin vigilancia”.

La condena del CEDAW obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a la madre, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Además, se exige que se tomen “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos”.

El dictamen, que es vinculante, sirve también de pauta para que otros países implementen su legislación en materia de violencia de género. "Servirá de guía para dotar de mayor protección a los menores, para que su derecho prevalezca frente a todo, porque la falta de protección a los menores es algo común en todo el mundo".

Cada vez es más necesario el Derecho Internacional para que, en casos como éste, una organización como la ONU condene a todo un país, España, y pida y exija que –de acuerdo con las leyes que aquí tenemos- una práctica diferente por parte de la Justicia.

La Administración tiene ahora seis meses para abrir un procedimiento sobre el caso, determinar la indemnización y también para difundir el dictamen “a todos los públicos relevantes”, indica la CEDAW.

El dictamen reconoce también que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Contra Violencia de Género del 2004. Sin embargo incide en que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes estatales, que revelan la discriminación contra las mujeres y que se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial, que llevan, con frecuencia, a que no se logre proteger de manera efectiva a las mujeres que son víctimas de violencia ni a sus hijos. Recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género, los cuales, en unión de la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela.

Esa indicación, en la que se le dice a España que debe proporcionar formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio...), es uno de los puntos fundamentales del dictamen del CEDAW.

Como primera respuesta, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconoce que "no se protegió a la madre de la niña asesinada por violencia de género en el 2003". También ha recordado que está impulsando nuevos mecanismos para proteger a los menores en estos casos, como la norma que obligará a los jueces a establecer medidas cautelares de oficio. No obstante, explica un portavoz, “los jueces son los que tienen la última palabra; la ley solo puede marcar un camino que ayude a llegar a la sentencia más adecuada”.

¡Veremos ahora que dice el ministro de Justicia español!... (porque tenemos un ministro de Justicia –o de algo parecido-, ¿no?). Cuando hubo la sentencia del Tribunal de Estrasburgo -a nivel europeo- en el caso de la ‘Doctrina Parot’, se obedeció enseguida. Ahora la condena viene por un organismo a nivel mundial, la ONU, porque este país no sabe proteger los derechos de la mujer. Esto es algo muy grave.

Este no es un caso aislado. Hay muchos casos de violencia de género en los que los hombres se vengan de las mujeres matando a los hijos –y luego se suicidan (o no)-.

Sin duda hay que felicitar a esta mujer de 44 años por la contundencia y la perseverancia que ha tenido en todo este asunto durante todo este tiempo, cualquier otra persona se habría rendido hace mucho tiempo. Y también hay que felicitar a la ONG Women’s Link Worldwide cuyas representantes han logrado, mediante sus auspicios, que la ONU emita este dictamen vinculante.