LA UE SUFRAGA LA TORTURA DE REFUGIADOS

Refugiados encerrados como animales y deportados como criminales, con dinero de la UE

Una investigación de varios medios, entre ellos EL PAÍS, revela que el Gobierno turco ha creado una amplia red de centros de internamiento y deportación financiados con dinero de la UE. En esas instalaciones se violan sistemáticamente los derechos de los extranjeros para luego expulsarlos a países como Afganistán y Siria

Sami, Zurmat, Abdul, Ghani, Amer, Jamshid procedían de diferentes lugares, jamás se conocieron. Pero tienen al menos dos cosas en común: huyeron de países sumidos en graves conflictos y estuvieron a las puertas de la UE, donde sus casos les podrían haber facilitado un estatus de refugiado. Hay una tercera característica que les une: han sido deportados de vuelta a sus países. Y allí han sido asesinados o han muerto en bombardeos; otros permanecen escondidos, temerosos por sus vidas, pensando cómo volver a escapar.

El país desde el que fueron deportados, Turquía, ha recibido más de 11.500 millones de euros en fondos de la Unión Europea desde que firmó el pacto para frenar la inmigración en 2016. En principio, ese dinero se destinaba a atender las necesidades de los refugiados que llegasen a suelo turco, que rondan los tres millones de personas, y favorecer su integración, pero, cada vez más, se dirige a convertir al país en un muro infranqueable que cierre el paso a migrantes y refugiados en la frontera oriental de Europa. Para ello, la UE ha financiado la construcción y mantenimiento de una vasta red de centros de internamiento y deportación de extranjeros, que la ONG Global Detention Project ha definido como “uno de los sistemas de detención de migrantes más grandes del mundo”, con una capacidad similar a la de toda la UE y donde se conculcan sistemáticamente los derechos humanos.

Durante los últimos 10 meses, un grupo de periodistas de EL PAÍS, NRC, L’Espresso, Etilaat Roz, SIRAJ, Der Spiegel, Le Monde y Politico coordinados por Lighthouse Reports, ha sacado a la luz documentos, ha analizado imágenes de satélite y redes sociales y ha entrevistado a más de un centenar de fuentes en Turquía, Siria, Afganistán y varios países europeos para reconstruir cómo funciona este sistema de externalización de la gestión migratoria. Y cómo las autoridades de Bruselas están al corriente de la situación e incluso se muestran satisfechas con ella.

A principios de julio, el sirio Sami, de 26 años, se debatía entre la vida y la muerte esposado a una camilla de un hospital turco cercano a la frontera con Siria. Había sido ingresado para tratarle una tuberculosis que, por falta de medicación, le había hinchado el estómago y envenenado la sangre. Sin embargo, al cabo de unos días, la policía entró en el hospital y se lo llevó de vuelta a Siria pese a las protestas de los médicos.

Sami (cuyo nombre, como el de otros protagonistas, ha sido modificado para proteger su identidad) perdió a su padre y sus cuatro hermanos en un bombardeo en Alepo en 2016. Así que él y su madre, únicos supervivientes, decidieron escapar a Turquía. Lo lograron en 2019, pero para entonces el sentimiento antisirio estaba empezando a calar en la sociedad turca y el Gobierno decidió dejar de aceptar a nuevos refugiados y restringir las localidades y barrios donde podían residir. Sami y su madre se vieron obligados a vivir sin papeles y él, como muchos compatriotas, comenzó a trabajar en negro en los talleres que suministran a las marcas textiles turcas e internacionales. En diciembre del año pasado, mientras caminaba por el barrio estambulí de Esenyurt, una patrulla de policía le dio el alto al escuchar que hablaba en árabe por el móvil: al descubrir que no tenía papeles, explica por teléfono, le propinaron una paliza y se lo llevaron detenido. Entraba así en la red de centros de detención y deportación turcos que culminaría este pasado verano en su expulsión a Siria.

Desde la entrada en vigor del acuerdo migratorio firmado con la UE, Turquía ha detenido a más de dos millones de extranjeros en situación irregular, sobre todo afganos (más de 700.000) y sirios (unos 400.000), según datos del Ministerio de Interior. En el último año, los controles se han acelerado con la puesta en marcha de piquetes policiales móviles desplegados en barrios con fuerte presencia extranjera para comprobar los papeles a través de un sistema informático financiado por la UE.

https://elpais.com/internacional/2024-10-11/en-el-corazon-de-las-deportaciones-forzosas-de-migrantes-que-turquia-financia-con-fondos-de-la-ue.html

JLP no hay piedad y este campo -que desconocíamos hasta cierto punto- este campo de recoger migrantes subvencionado con 11500 millones de euros para frenar la migración en 2016, es demoledor