LOS JUECES DICEN QUE NO SE SOSTIENE SU HUELGA… NO LA HARAN ENTONCES
El Poder Judicial acuerda por unanimidad que la huelga de jueces no tiene sustento legal y no reconoce la convocatoria Los vocales conservadores se adhieren a un texto de la presidenta para solidarizarse con la carrera El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves de forma unánime que la huelga d
El Poder Judicial acuerda por unanimidad que la huelga de jueces no tiene sustento legal y no reconoce la 
convocatoria
Los vocales conservadores se adhieren a un texto de la presidenta para solidarizarse con la carrera
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves de forma unánime que la huelga de jueces convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales (todas menos la progresista) no es legal. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que tanto el bloque conservador como el progresista han coincidido en que la convocatoria “carece, en el momento actual, de soporte normativo” por lo que entienden como “no anunciada” la protesta de los días 1, 2 y 3 de julio y se declaran no competente para fijar servicios mínimos. Los vocales propuestos por el PP se han adherido también a un escrito presentado por la presidenta, Isabel Perelló, en el que se solidarizan con el esfuerzo invertido por los jueces que han aprobado la oposición.
El pronunciamiento del CGPJ se ha producido después de que el Ministerio de Justicia le preguntara por escrito si
mantiene la postura que fijó el Consejo en 2009, cuando el pleno, presidido entonces por Carlos Dívar, acordó que la ley no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados y tuvo por no convocada la huelga que habían impulsado varias asociaciones y asambleas territoriales. La carta remitida por Justicia insta además al órgano de gobierno de los jueces a tomar medidas para garantizar que se descuenta la parte proporcional del sueldo a los jueces que secunden el paro.
La convocatoria de huelga ha partido de cinco asociaciones en protesta por las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Los bloques progresista y conservador han llegado al pleno con posturas discrepantes: la mayoría del grupo progresista considera que los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga; mientras que los conservadores advierten de que este es un derecho constitucional que solo puede limitarse por ley, algo que no ha ocurrido en este caso.
