PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ RAMOS: CURA PEDERASTA CONDENADO
Condenado un cura a siete años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros por abusar de un menor en el seminario de Toledo El arzobispado tardó 12 años en tomar medidas desde que conoció los hechos, nunca atendió a la víctima y envió al sacerdote a un seminario de Perú en varias ocasiones. La Audiencia Provincial de
Condenado un cura a siete años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros por abusar de un menor en el seminario de Toledo
El arzobispado tardó 12 años en tomar medidas desde que conoció los hechos, nunca atendió a la víctima y envió al sacerdote a un seminario de Perú en varias ocasiones.
La Audiencia Provincial de León ha condenado a siete años de cárcel y al pago de una indemnización de 40.000 euros al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor del seminario menor de Toledo entre 2005 y 2007. Es un caso destapado por este diario en 2021 y que el entonces obispo de la capital toledana, Braulio Rodríguez, conoció durante al menos 12 años sin tomar medidas ni atender a la víctima, antes de apartar al cura en 2021. El joven, que ha tenido que soportar una espera de siete años hasta el juicio y la sentencia desde que denunció los hechos, también ha presentado una denuncia en el Vaticano para que investigue las negligencias y el posible encubrimiento del caso por parte de la archidiócesis de Toledo.
Toda la actuación del arzobispado de Toledo está bajo sospecha. El actual portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Francisco César García Magán, que es obispo auxiliar de la archidiócesis, se negó a dar explicaciones del caso a preguntas de este diario en su primera rueda de prensa, en noviembre de 2022, y solo aseguró que la diócesis “ha hecho los deberes”, si bien aún hoy el arzobispado nunca ha aclarado cuándo abrió un proceso canónico al sacerdote ni su resultado.
El joven seminarista y su madre declararon que comunicaron el caso a algunos sacerdotes y al arzobispo a partir de 2008. El sacerdote lo confirmó en el juicio, como señala el texto de la sentencia: “A través del rector —en 2009— le dijeron que se había puesto la denuncia. No sabe qué es lo que dijo D. Braulio —el arzobispo—”. Según indicó el fiscal, la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”. La archidiócesis nunca llamó a la víctima para escucharla ni atenderla, ni siquiera para tomarle la obligatoria declaración que debe hacerse en el proceso canónico que asegura haber abierto. La primera llamada a la víctima se produjo precisamente en noviembre de 2022, al día siguiente de que este diario preguntara por el caso en rueda de prensa a García Magán, obispo auxiliar de Toledo, en su estreno como secretario general de la CEE.
