¿PRESIÓN SOBRE LA DICTADURA NICARAGÜENSE?
“Cerco financiero al régimen de Ortega y Murillo” El Gobierno de Nicaragua no logra dos desembolsos del Banco Centroamericano y del Fondo Verde de Naciones Unidas por casi 500 millones de dólares. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sufrido recientemente dos reveses en su búsqueda de financiamiento interna
“Cerco financiero al régimen de Ortega y Murillo”
El Gobierno de Nicaragua no logra dos desembolsos del Banco Centroamericano y del Fondo Verde de Naciones Unidas por casi 500 millones de dólares.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sufrido recientemente dos reveses en su búsqueda de financiamiento internacional. El primero tiene que ver con el bloqueo del desembolso de 116,6 millones de dólares provenientes del Fondo Verde del Clima (FVC) de Naciones Unidas, en concepto de un proyecto para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan de Nicaragua. Mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha retrasado seis meses más la entrega del mega financiamiento por 352,58 millones de dólares para la ampliación y mejoramiento de carreteras.
En el caso del Fondo Verde, aprobado en noviembre de 2020, la Junta Directiva de esa institución decidió hace semana y media mantener congelados los recursos hasta que el régimen Ortega-Murillo “cumpla las políticas y procedimientos de este mecanismo”. El incumplimiento oficial se deriva a partir de una queja que indígenas de Bosawás y Río San Juan interpusieron. Los comunitarios alegan que no fueron objeto de una “consulta libre, previa e informada”, y que tampoco el gobierno sandinista cumplió con la identificación de un tercero independiente para supervisar las acciones del proyecto, y el uso transparente de los recursos.
Los indígenas temen sobre todo que el financiamiento del proyecto BIO-CLIMA pueda incrementar la “degradación del medio ambiente” y la invasión a sus territorios indígenas. Dos realidades que ya sufren a manos de los “colonos”, los invasores que, con armas de alto calibre y bajo el paraguas de impunidad de funcionarios sandinistas, irrumpen en las comunidades. Los indígenas son desplazados forzadamente y los “colonos” establecen en esos bosques protegidos industrias extractivistas, como minería, ganadería y agricultura. Organizaciones nicaragüenses que trabajan de cerca la violencia contra las comunidades ancestrales calculan que en los últimos diez años 70 indígenas miskitos y mayangnas han sido asesinados por colonos. En lo que va de 2023, se han registrados dos masacres en Bosawás. Otro centenar de comunitarios han sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripléjico. Incluso, hasta funcionarios sandinistas han estado involucrados en el tráfico ilegal de tierras ancestrales para favorecer a “colonos”.
En respuesta a la queja de los indígenas, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima realizó una investigación que determinó “incumplimiento del proyecto” en lo alegado por los comunitarios.
Otro temor de los indígenas ha sido “el probable incumplimiento o incapacidad” de las entidades acreditadas y ejecutoras del Fondo Verde para “seguir con éxito con las políticas y procedimientos y las condiciones impuestas por la Junta durante la aprobación del proyecto”. Las entidades ejecutoras por parte del gobierno son el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la acreditada el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
https://elpais.com/internacional/2023-07-26/cerco-financiero-al-regimen-de-ortega-y-murillo.html