PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO

Vigilantes privados (guardias jurados) de las cárceles españolas supondrán una inversión de 48  millones de euros.

Hay que resaltar que la población reclusa española ha descendido pero, a pesar de ello, 48 millones de euros es el presupuesto destinado al ‘servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios’.

A partir de ahora habrá que acostumbrarse a ver a guardas de seguridad en los controles de acceso a las cárceles, no solamente de personas sino de vehículos, o vigilando el perímetro que rodea a las prisiones, sea desde cámaras de video vigilancia o desde garitas. El Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de un servicio de apoyo con vigilantes privados en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.

Ante esta situación, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los funcionarios y escoltas han protestado, lógicamente, argumentando que "la privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada".

La progresiva privatización de las cárceles y de los sistemas carcelarios, alejándose de los poderes públicos –cosa que ya existe en otros países europeos- es cada vez mayor, con las consecuencias que ello conlleva: diferencias entre unas prisiones y otras, dependiendo de quién las gestione.

Así están las cosas…