SOLUCIÓN PARA DOÑANA: 100.000 EUROS POR HECTÁREA
Gobierno y Junta ofrecen hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de Doñana que eliminen sus invernaderos Andalucía retira la ley de regularización de regadíos ilegales. Según el ministerio, las ayudas se repartirán de forma fraccionada “solo si se demuestra que se está cumpliendo”. Tras 685 días de polémica
Gobierno y Junta ofrecen hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de Doñana que eliminen sus invernaderos
Andalucía retira la ley de regularización de regadíos ilegales. Según el ministerio, las ayudas se repartirán de forma fraccionada “solo si se demuestra que se está cumpliendo”.
Tras 685 días de polémica, llegó la paz a cambio de una lluvia de millones. Desde que presentó su proposición de ley a principios de 2022 para ampliar regadíos junto a Doñana, la derecha andaluza ha recorrido un largo camino lleno de espinas con la oposición de la Unión Europea y que ahora ha hecho recular al Gobierno de Juan Manuel Moreno. Este lunes el presidente andaluz ha anunciado que retira su norma a cambio de un acuerdo de 350 millones firmado con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, para compensar a la comarca onubense de El Condado y otros nueve municipios por dejar de esquilmar el acuífero sobreexplotado con sus invernaderos de fresas.
Ambos dirigentes han presentado en Almonte (Huelva) el acuerdo por el que el PP se compromete a retirar el proyecto de ley autonómico que suponía legalizar cientos de hectáreas del entorno de Doñana. A cambio, el Gobierno se ha comprometido a invertir 350 millones de euros para intentar llevar a cabo una reconversión de cultivos y de actividad económica en la zona para rebajar la presión sobre el acuífero del que vive Doñana (que se suman a los otros 356 millones del plan de infraestructuras que ya tiene en marcha).
De los 350 millones del ministerio, 116 irán destinados a los agricultores para que levanten sus cultivos y alivien la presión sobre el acuífero. Eso sí, las tierras beneficiadas serán de 14 pueblos con vínculos con el acuífero de Doñana, de las provincias de Sevilla y Cádiz, no solo de la comarca de El Condado. Cada empresario fresero que decida suprimir sus invernaderos, sean legales o ilegales, para “renaturalizarlos” recibirá a lo largo de una década 100.000 euros del Gobierno, que aporta el 70%, la Junta (20%) y la Diputación de Huelva (10%).
Es decir, los empresarios no necesitan tener derechos de riego sobre sus tierras para optar a las ayudas, por lo que los ilegales que han regado sin autorizaciones durante años, también podrán beneficiarse del plan social trazado. “No hemos hecho ningún tipo de revisión, censo o catastro. La vigilancia del cumplimiento de la legalidad se mantiene y en paralelo se ofrecen buenas alternativas para las personas preocupadas o los vecinos de las 14 localidades (...) No hemos comprado terrenos de regadío ni derechos de agua que no existen”, ha destacado Ribera. Por contra, los cientos de freseros con multas administrativas de los agentes medioambientales y el medio centenar con condenas por vía penal denunciados por Fiscalía seguirán afrontando las sanciones, aunque con la billetera llena. “No habrá vetos pero tampoco amnistía”, resumen fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Moreno aseguró que los agricultores cobrarán las ayudas “en cinco años”, pero el Gobierno, que distribuirá 
el grueso de los fondos, insiste en que será a lo largo de 10 años.
“Los pagos se harán anualmente y solo si se demuestra que se está cumpliendo con rigor. No les adelantamos ahora 100.000 euros”, matizan dichas fuentes. Además, ese abandono de los cultivos deberá ser durante un plazo de 30 años aunque el dinero se cobre en la primera década. El precio de mercado de una hectárea de regadío de fresas ronda los 100.000 euros y si la finca carece de autorización legal, oscila entre 20.000 y 30.000 euros, según fuentes del sector. La diferencia es que a cambio de estos últimos pagos el fresero vende sus tierras, mientras que con las subvenciones de las Administraciones mantendrá la propiedad.
